Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), quienes han impugnado ante el Poder Judicial durante seis años la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de trasladarlos a un lugar de trabajo que no cumple las normas mínimas de seguridad, presentaron un recurso para evitar que el magistrado Ángel Ponce Peña, del undécimo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito, conozca de su caso y dé sentencia definitiva.

Joaquina Sandoval, quien forma parte del grupo de 63 trabajadores que desde 2007 enfrentaron a la autoridad educativa por un cambio indebido de nuestra sede de trabajo, en ese momento ubicada en Azafrán 486 para trasladarnos a un edificio de Cuauhtémoc 614 que no cumple con las condiciones de seguridad, nos llevó a iniciar un litigio que se ha prolongado por años, y en el que Ponce Peña, fue el primer juez que desechó nuestro caso, luego de revisar en tan sólo 24 horas el expediente.

En entrevista, Porfirio Martínez, abogado de los afectados, señaló que ese mismo juez desechó nuevamente el caso luego de que el segundo tribunal de circuito corrigiera sus errores, y otorgara un amparo a los trabajadores de la DGEI. Tenemos bases fundadas de que existe una clara predisposición del ahora magistrado para favorecer los intereses de la SEP, lo que contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo.

Señaló que la discusión del caso en el undécimo tribunal colegiado, donde se presentará un fallo definitivo, se realizará en la segunda semana de julio, por lo que interpusimos un recurso denominado impedimento de magistrado, pues el artículo 66 y 70 de la Ley de Amparo establece que están impedidos de conocer un caso los jueces o magistrados que tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes.

El abogado señaló que hay evidencias de que en por lo menos dos ocasiones ha actuado con mucha ligereza al momento de dictar su sentencia, siempre a favor de la SEP. No podemos confiar en un magistrado que ya ha manifestado claramente que no quiere darle la razón a los trabajadores, y creemos que esto podría afectar la sentencia.