En México, sólo en tres de cada 10 casos se informa a la persona la razón de su detención; y en el Distrito Federal la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social presenta deficiencias, aseguraron especialistas en el foro internacional Los derechos humanos: condición fundamental en el sistema penal acusatorio, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

El abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC, Octavio Amezcua, aseguró que entre ocho y nueve de cada 10 detenciones en el país se realizan en flagrancia también, y a más de 90 por ciento de las y los detenidos no se les exhibe ninguna orden judicial.

Agregó que sólo en tres de cada 10 casos se comunica a la persona la razón de su detención; a siete de cada 10 no le informan su derecho a guardar silencio, y aproximadamente la mitad de los detenidos rinde su declaración sin asistencia legal.

Una serie de carencias y de omisiones del sistema de justicia que son caldo de cultivo para abusos, como la fabricación de pruebas por las autoridades ministeriales, dijo.

La directora de litigio estratégico de la organización Documenta AC, María Sirvent, aseguró que la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal presenta deficiencias; ejemplo de ello son los estudios de personalidad, que vulneran el derecho al debido proceso.