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La SFP se extinguirá cuando haya remplazo

Designan a contralores de diversas secretarías
 
Periódico La Jornada
Sábado 5 de enero de 2013, p. 10

Por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Julián Alfonso Olivas Ugalde, designó a los titulares de los órganos internos de control (OIC) de diversas dependencias del gobierno federal.

Los OIC operan en cada dependencia y entidad de la administración pública federal (más de 250), y tienen la facultad de recibir quejas y denuncias por presunto incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos; dar seguimiento a dichas denuncias, investigar y, de ser el caso, determinar las responsabilidades y sanciones económicas y administrativas en los términos que establece la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La SFP informó de los siguientes nombramientos: en la Secretaría de Educación Pública, Pedro Enrique Velasco Albin Velázquez; en la de Marina, Conrado Aparicio Blanco; en Relaciones Exteriores, Paulo Arturo Tellez Yurén; en Desarrollo Social, Eugenio Aurelio Alvírez Orozco, y en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Grey Méndez.

Otras designaciones para ocupar la titularidad de los OIC incluyen a las secretarías de Salud, Luis Guillermo Ibarra; Trabajo y Previsión Social, Patricia Isabella Pedrero Iduarte, y en la de Energía a Gaelia Amezcua Esparza.

En un comunicado, la SFP indica que esa dependencia continúa con la realización de sus tareas con absoluta normalidad, en tanto se concretan los cambios constitucionales y legales en esta materia.

Aun cuando este miércoles se formalizó la desaparición de esta dependencia y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el decreto correspondiente, se precisa que la extinción de la SFP entrará en vigor en la fecha en que inicie funciones el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción (la Comisión Nacional Anticorrupción), conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.