La Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso en abril del año pasado, será publicada de forma inminente en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el martes o miércoles de la semana próxima, lo cual significa un paso importante en el acceso a la justicia, pero no el único, adelantó una integrante del equipo de asesores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

La publicación de la ley ya es inminente y significa un logro no nada más de nosotros, sino de todas las organizaciones de víctimas y de aliados, como el obispo Raúl Vera y el sacerdote Alejandro Solalinde, saludó en charla con La Jornada una activista que prefirió reservar su identidad.

Además de representar un hito para la justicia transicional y restaurativa en México –al garantizarle a las víctimas el acceso a la verdad, la reparación del daño y la no repetición de lo ocurrido–, la mencionada legislación atenderá a quienes hayan sufrido los estragos de la violencia sin importar si los autores de ésta son miembros de la delincuencia organizada o servidores públicos, subrayó.

Otro punto fundamental de la ley es que daría lugar a la creación de un sistema integral y nacional de atención, lo cual podría implicar la desaparición de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima), instancia creada en septiembre de 2011 por un decreto del entonces presidente Felipe Calderón.

Províctima fue una ocurrencia de Calderón, un pequeño apéndice con atención de ínfima categoría. En la ley no tiene ninguna continuidad, por lo que debería tender a desaparecer, considerando el tamaño de la crisis humanitaria que tenemos, manifestó la activista.

La legislación, resumió, es un gran primer paso en el camino de la reparación, pero todavía falta crear el andamiaje jurídico para que se aplique en la realidad y no sólo en el papel, además de dotarla de presupuesto y generar un cambio cultural en las instituciones del país.

Como parte de estas transformaciones, añadió, es necesario que la Estela de Luz deje de ser un monumento al despilfarro y la corrupción y sea nombrada de manera oficial por el Presidente de la República como el memorial de las víctimas de la violencia. Queremos que se resignifique como una metáfora de que este país está cambiando.

Sin pretextos para no publicar la ley: Prodh

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), afirmó a propósito de este tema que ya no hay ningún impedimento legal para que el presidente Enrique Peña Nieto no ordene cuanto antes la publicación de la ley, como prometió durante su campaña.

Se decía que esto se había retrasado porque había un funcionario enfermo o convaleciente, pero ya no hay ningún obstáculo. Sería totalmente inexplicable que no se avanzara ya. Parece que no hay decisión para entrarle a fondo a estos asuntos, porque así siguen encubriendo a los funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos, aseveró.

Como se ha informado en estas páginas, la Ley General de Víctimas fue aprobada por ambas cámaras del Congreso el 30 de abril de 2012 y enviada el 10 de mayo a la Secretaría de Gobernación, pero ese mismo día el diputado panista Luis Eduardo Espinosa logró hacer que el documento regresara a San Lázaro, donde estuvo perdido por tres semanas.

Aprovechando ese lapso, el ex presidente Felipe Calderón argumentó que el periodo de 30 días para presentar sus observaciones se contaba a partir del 1º de junio, por lo que la noche del primero de julio vetó la ley mediante una controversia constitucional, misma que fue sobreseída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de diciembre pasado, a solicitud de Peña Nieto.