La organización criminal de los hermanos Cabrera Sarabia, vinculada con el cártel de Sinaloa, contrataba mujeres que se hacían pasar por abogadas en juzgados y oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), para enganchar a servidores públicos o conocidos de estos que les permitieran obtener información de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf, antes Siedf).

De acuerdo con información contenida en la averiguación previa en la que se investiga a empleados de la PGR por revelación de secretos y delincuencia organizada, se menciona que las supuestas abogadas tenían la encomienda de obtener datos de las investigaciones de la PGR para que no fueran detenidos personajes como Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, o Felipe Cabrera, El Inge, quien fue capturado en diciembre de 2011.

Una de las supuestas abogadas fue identificada como Guadalupe Verónica Esquivel Cuevas, quien fue detenida en mayo y consignada en agosto pasado ante jueces federales por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Funcionarios de la Seidf revelaron que durante la investigación de una red de corrupción que ha involucrado a siete funcionarios que laboraban en el Poder Judicial de la Federación y de la PGR, se detectó también el caso de una testigo protegida que se relacionó con José Gerardo Ortega Maya –quien fue yerno del ex secretario de Marina, Luis Ricardo Ruano Angulo–, para obtener información de cateos u órdenes de aprehensión contra integrantes de la organización Cabrera Sarabia.

Mediante pagos que llegaron hasta los 200 mil dólares, funcionarios del Poder Judicial, la ahora Seido y supuestos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entregaron información de operativos contra la banda Cabrera Sarabia, responsable del trasiego de drogas del cártel de Sinaloa en Durango y sur de Chihuahua, de acuerdo con registros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012, una testigo protegida y Guadalupe Verónica Esquivel Cuevas revelaron que lo mismo obtenían datos de investigaciones de la Seido que información enviada por agencias estadunidenses como DEA, ATF o ICE, encargadas de combatir el narcotráfico, el contrabando de alcohol, tabaco y armas de fuego y aduanas, a cambio de pagos que iban de los 50 mil a los 300 mil dólares, como ocurrió con Juan Carlos de la Barrera Vite, un ex funcionario del Consejo de la Judicatura Federal y de la PGR.