as informaciones en torno al caso de los generales detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico no acaban de convencer. Mientras más detalles se conocen, más crece la duda en cuanto al fondo del asunto. Gracias al reportero Jesús Aranda, supimos que dos meses antes de su detención, el general Dawe recibió una carta personal del general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, donde le dice que está considerado en la promoción superior 2012 para ascender al grado de general de brigada. El texto publicado en La Jornada no revela problema o animadversión entre ambos, al contrario, hay un hilo de familiaridad que contrasta a más no poder con lo que ocurrió dos meses después. En cuanto a la sorpresiva detención del general Ángeles, además de las protestas por la incomunicación se han escuchado voces en defensa de su honorabilidad, arguyendo, si acaso, diferencias en cuanto al modo de concebir las estrategias contra las redes de narcotraficantes. ¿Sorprende? Que los cuerpos de seguridad sean el blanco directo de la acción de la delincuencia organizada es casi inevitable, pues comprar seguridad (o imponerla a cualquier precio infiltrándose en el enemigo, usando sus aparatos de inteligencia) no es una disyuntiva para un negocio trasnacional que tiene más recursos de los que puede administrar. La corrupción es un ingrediente esencial para su funcionamiento, acaso la más lesiva de todas sus armas, pues nada se le opone y sus caminos son infinitos.

Pero una cosa es preservar la integridad de las fuerzas del orden de ataques externos y otra muy distinta actuar hacia adentro sin tener realizada una investigación sólida e irrefutable. La recurrencia a los testigos protegidos como fuente de las pesquisas abre enormes interrogantes que las autoridades no acaban de explicar.

De hecho, por tratarse de figuras reconocidas en el medio castrense y en consideración al momento –el fin del sexenio y el recambio gubernamental–, el caso adquiere delicados perfiles que, sin embargo, la autoridad rechaza con ahínco. Cuando el reportero preguntó si detrás de los hechos no hay una cuestión política o una venganza?, la procuradora Marisela Morales se limitó a responder que no existe ningún tipo de interés que no sea el aplicar la ley.

Es obvio que la cadena de rumores y especulaciones sobre el futuro de la Defensa Nacional no ayuda, pero esa reacción es inevitable cuando no se informa con propiedad acerca de los hechos que se le imputan a los acusados. Es uno de los riesgos previsibles de la incorporación de las fuerzas armadas a tareas de seguridad. A lo largo de estos años se han alzado numerosas voces mostrando el peligro real de contaminar al Ejército por el contacto cotidiano con el crimen organizado, en contraste con otros países que eluden comprometer a sus tropas en las operaciones contra el narcotráfico, concentrando todas las fuerzas del Estado en la creación de órganos de seguridad distintos, bajo el mando de civiles. Pero en México hemos hecho de la necesidad virtud y la que en un principio fue una ilegalidad tolerada con realismo para no sucumbir ante la delincuencia, se ha venido transformando en un gelatina informe, permanente, donde el poder militar hace como que se subordina a las órdenes directas del poder civil y eso para aparentar que, pese a todo, se respetan los principios constitucionales.

Por eso me llamaron tanto la atención las palabras del ministro José Ramón Cossío, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando dijo en el salón de plenos que el Ejército Mexicano no está para cumplir funciones de seguridad pública. Si bien hablaba en relación con el tema crucial del fuero militar, Cossío preciso que según la Constitución, los soldados no están facultados para ejercer funciones de seguridad pública, y que su actividad está muy acotada, porque vivimos en tiempos de paz. Para mí no estamos en tiempos de guerra declarada, y en el tiempo de paz que vivimos el fuero militar se debe limitar a los delitos y faltas contra la disciplina militar, siempre que los sujetos pasivos y activos de un delito sean militares y se encuentren en lugares en donde se desarrollen operaciones y funciones militares.

Tiene razón el ministro Cossío cuando plantea que dicha reflexión no puede hacerse sin determinar cuál es la posición general de las fuerzas armadas en nuestro órden democrático, asunto que no es tan obvio como puede parecerle a muchos. No solamente es imprescindible revisar las leyes vigentes, sino precisar cuál es el papel de la milicia en un entramado que ya no responde a las determinaciones del pasado, por mucha que sea la carga histórica que les atribuya México. A estas alturas, sin embargo, es una ilusión que esa transformación se pueda emprender sin avanzar al mismo tiempo en una gran reforma democrática del Estado, que sea capaz de refundar las instituciones y armonizarlas, conforme a nuevos paradigmas de justicia y equidad. Es un error suponer que la democracia mexicana se debe sólo o primordialmente a las reformas electorales o a los cambios cosméticos que en su nombre se aprueban. La pequeña reforma política recién aprobada deja en el aire, sin respuesta, la pregunta fundamental: ¿bajo qué régimen se organizará la sociedad mexicana para cambiar su destino de desigualdad?