Organizaciones de derechos humanos y de inmigrantes en Estados Unidos y México interpondrán una demanda para impedir la entrada en vigor de la ley HB-56 en Alabama, considerada la más severa en materia migratoria de todo Estados Unidos. Adelantaron que solicitarán el apoyo del gobierno mexicano para proteger a los connacionales que residen en ese estado.

Es indispensable que los mexicanos sepan que cuentan con el apoyo de su gobierno y que la administración del presidente Felipe Calderón no los abandone, sino que refuerce la asistencia de su personal en Alabama. Con la entrada en vigor seguramente se requerirá del apoyo total de las autoridades mexicanas, afirmó Cecillia Wang, directora de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), demanda a la que se sumó el Centro Sureño Legal Contra la Pobreza, tras asegurar que la norma viola la Constitución federal y las leyes internacionales al tratarse de argumentos cien por ciento racistas.

Mientras tanto, el gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó la promulgación de la ley por el gobernador Robert Bentley y manifestó su rechazo a los efectos negativos que su aplicación tendrá en la comunidad mexicana.

Incluye medidas adicionales que se traducirían en la aplicación discrecional de la ley y la violación de los derechos de los individuos; además contribuiría a un clima de encono en ese estado, dijo la SRE.

La norma HB-56, conocida como ley de traspaso de indocumentados, autoriza a la policía de Alabama no sólo a exigir los papeles que confirmen la legalidad de la estancia de las personas que hayan cometido delitos menores, como una infracción de tráfico, sino a detener a cualquier persona si se tiene una sospecha razonable de que esta ilegalmente en el país.

Asimismo, demanda que las escuelas públicas verifiquen el estatus migratorio de sus estudiantes y niega el acceso a la educación superior a inmigrantes indocumentados. Además, obliga a las empresas a utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de sus empleados y penaliza a los negocios que contraten a los que carecen de documentos y convierte en delito el transporte o albergue de indocumentados, lo que la convierte en la ley más estricta en todo Estados Unidos, incluso por encima de la controvertida SB-1070 de Arizona.