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Protesta en Acapulco en defensa de López Rosas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 30 de marzo de 2012, p. 16

Acapulco, Gro., 29 de marzo. Unas 150 personas se manifestaron en el zócalo de Acapulco en defensa de Alberto López Rosas, ex procurador de Justicia del estado, quien el pasado 13 de diciembre fue separado de su cargo mientras se investigaban los hechos ocurridos un día antes en la Autopista del Sol, en los que perdieron la vida dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Los simpatizantes del también ex alcalde de Acapulco (2002-2005) criticaron que las autoridades federales hayan incriminado a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado sin hacer una investigación transparente y sin citar a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Rosario Merlín García, dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática, convocó a ciudadanos y simpatizantes a defender a López Rosas, pues es aberrante pensar que el ex procurador haya dado la orden de asesinar a los estudiantes. Pidió al gobierno de Felipe Calderón no reprimir a estudiantes en suelo guerrerense, y llamó perseguido político a López Rosas.

Aldo Álvarez, uno de los organizadores del acto, aseguró: somos sociedad civil organizada; esta concentración es para mostrar nuestro apoyo a Alberto López Rosas ante la situación que se ha venido presentando en términos legales en su contra, ya sea por parte de la Procuraduría General de la República o por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Alrededor del quiosco del zócalo fueron pegadas cartulinas con leyendas dirigidas al gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien le pidieron no aceptar la recomendación de la CNDH.

También fue pegada una gran manta con la imagen de López Rosas y la leyenda: Estamos en pie, seguimos en la lucha. Tus amigos del Movimiento Ciudadano de Acapulco.

Por separado, Alfredo Pérez Zárate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Guerrero, señaló que es improcedente el juicio político contra López Rosas, como recomienda la CNDH, pues ya no ocupa ningún cargo público.