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Ex subsecretario de Protección Civil, implicado en el desvío de 104 millones de pesos

Aprehenden y encarcelan en El Amate a otro ex colaborador de Pablo Salazar por peculado
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 22 de noviembre de 2011, p. 31

San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de noviembre. Policías especializados de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron a Leonardo Muñoz Arellano, quien se desempeñó como subsecretario de Protección Civil durante la administración del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, preso en el penal de Huixtla por su presunta participación en un peculado por 104 millones de pesos.

Sin ofrecer detalles, la PGJE informó en un comunicado que Muñoz Arellano se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14, El Amate, y puesto a disposición del juez tercero del ramo penal, ante quien rendirá su declaración preparatoria.

Muñoz Arellano es el quinto ex funcionario de nivel medio detenido en meses recientes por su presunto vínculo con el peculado por 104 millones de pesos del cual se responsabiliza al ex gobernador.

El expediente penal, integrado en 21 tomos contenidos en 9 mil 117 fojas útiles, contiene pruebas fehacientes recabadas por el Ministerio Público investigador que acreditan que Salazar Mendiguchía, conjuntamente con diversos servidores públicos de su administración, desvió recursos del estado por 104 millones de pesos, agregó.

Además del ex gobernador, se encuentran presos por este caso Manuel Miranda Rodas, ex director de los Servicios Educativos para Chiapas y ex Subsecretario de Educación Federalizada; Gabriel Flores Cancino, jefe de la unidad de apoyo administrativo de la Secretaría del Trabajo, y Daniel Tadeo Romero, director de contabilidad y evaluación de la Secretaría de Hacienda de Chiapas, así como David Arturo Franco Arévalo, ex funcionario de la Secretaría de Administración.

Salazar Mendiguchía fue detenido el 7 de junio en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, e internado en el penal de El Amate, municipio de Cintalapa, de donde fue trasladado en agosto al reclusorio de Huixtla, en la costa del estado.

Además de los cargos por peculado enfrenta dos procesos penales por el presunto homicidio de dos bebés en el hospital General K de Comitán de Domínguez en 2002 y por ejercicio indebido del servicio público.