Sergio Bautista Arredondo, Carlos del Río Chiriboga, Juan G. Sierra Madero*
Hace casi 15 años, México inició un proyecto que se volvió ejemplo internacional en cuanto a la generación de evidencia para mejorar la implementación de programas sociales. Fuimos pioneros al diseñar e implementar el primer programa de transferencias condicionadas de efectivo en el mundo (PROGRESA), pero más importante aún, fuimos pioneros al diseñar un componente de evaluación que permitiera medir fehacientemente el impacto del programa. Como resultado, no sólo fue posible expandir el programa que hoy cubre a una cuarta parte de la población, sino que el mismo modelo de intervención se ha exportado a un gran número de países en Latinoamérica, Asia y África.
En el campo de prevención de VIH, fuimos innovadores al implementar un programa para evitar la transmisión por sangre que impidió más de 10 mil posibles infecciones. Sin embargo, desde entonces nuestro programa de prevención ha estado sub-financiado y hemos generado prácticamente nula información estratégica para optimizar su diseño e implementación. La consecuencia es que la estrategia de prevención de VIH en México ha sido implementada de forma poco estratégica, desorganizada y con muy escaso impacto medible. Las cifras que nuestro país reporta cada año al ONUSIDA muestran un epidemia estática, sin embargo es difícil decir si lo es de verdad o si sólo lo parece así porque las fuentes de información que usamos para reportarla son siempre las mismas.
“Conocer tu epidemia” es el mantra repetido desde hace algunos años por ONUSIDA como recomendación básica para una respuesta exitosa frente a la epidemia. Se trata de contar con información epidemiológica, de grupos vulnerables y de comportamientos entre estos grupos para diseñar programas de prevención inteligentes. A pesar de lo obvio de la recomendación, en nuestro país se hace muy poco trabajo sistemático para recolectar esta información –nunca se han realizado encuestas representativas a nivel nacional y prácticamente no se hace vigilancia de segunda generación (vigilancia de comportamientos), que puede ayudar no sólo a saber dónde están los casos actuales de VIH, sino dónde podrían darse los casos en el futuro para actuar y prevenirlos.
Las encuestas de comportamiento combinadas con estudios de seroprevalencia del VIH son el estándar usado como instrumento de vigilancia epidemiológica en países desarrollados y en África.
La única forma de sacar el máximo provecho de los recursos destinados a la prevención en México, es implementando estratégicamente los programas. No existe otra alternativa. Tenemos que medir y entender la epidemia para poder prevenirla y enfrentarla. El costo de no hacer este tipo de encuestas es muy alto, implica desconocer la epidemia y por tanto llevar a cabo programas sub-óptimos de prevención. Es desperdiciar recursos, lo que en última instancia implica no evitar infecciones evitables.
Este tipo de encuestas también permiten evaluar el impacto de los programas de prevención, para así aprender de lo que hacemos y mejorar. En México está a punto de iniciar la operación de un enorme esfuerzo de prevención financiado por el Fondo Mundial para la lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Para ello se busca diseñar un programa con base en evidencia científica y además evaluar su efecto sobre la prevalencia de VIH entre las poblaciones más vulnerables a la epidemia. Es importante que las organizaciones de la sociedad civil, los investigadores y las autoridades de salud trabajemos en forma coordinada en este proyecto; sería una lástima perder la oportunidad de trabajar seriamente por un objetivo común.
La perspectiva sobre la detección del VIH ha cambiado a raíz, entre otras cosas, de la evidencia científica reciente: por un lado, los beneficios del tratamiento para las personas con VIH; por otro, la utilidad de estos tratamientos para prevención, por su capacidad para disminuir el crecimiento de la epidemia. Esto apunta a programas más activos e innovadores de detección, tema alrededor del cual gira hoy la discusión internacional. Estos programas deben implementarse en un marco respetuoso de los derechos humanos que asegure no sólo consejería y confidencialidad, sino que las personas con VIH lleguen lo más oportunamente posible a programas de atención. Esto no sólo prolongará o mejorará la vida de quienes ya viven con VIH, también evitará infecciones entre personas que no tienen el virus.
*Sergio Bautista Arredondo es investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, México. Carlos del Río Chiriboga es co-Director del Centro de Investigación en Sida de la Universidad de Emory en Atlanta, EU. Juan G. Sierra Madero es Jefe de la Clínica de VIH/Sida en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en México. |
