La Secretaría de Gobernación convocó a representantes de organizaciones civiles para analizar la situación en materia de seguridad. La dependencia, en voz del titular, Francisco Blake, y del subsecretario Rubén Fernández pugnó porque se apruebe la ley de seguridad nacional que, dijo, tiene ya 30 meses en el Congreso, con el argumento de que acota el papel de la autoridad en casos de emergencia.

Blake subrayó la importancia de alcanzar acuerdos, aun cuando existan diferencias que en democracia pueden ser procesadas. Señaló que es necesario acelerar el paso en materia de seguridad para atender la incidencia delictiva que lacera a los ciudadanos, y mencionó que junto con la Conferencia Nacional de Gobernadores se propuso reducir los índices delictivos.

Rubén Fernández explicó que no es una ley de justicia militar, ni un código penal o de procedimientos penales. Subrayó que las reformas tienen como propósito poner límites a la autoridad, pues se pretende que el procedimiento para adoptar decisiones en materia de seguridad nacional sea racional, no discrecional.

Indicó que el gobierno quiere un marco jurídico que regule perfectamente la visión que se tiene sobre el tema: Las fuerzas armadas deberán estar combatiendo el crimen no por sí mismo, sino sólo en la medida en que la autroridad normal, las policías, puedan recuperar su capacidad de atención. Esté o no debilitado el crimen organizado, cuando la política normal recupere su capacidad, las fuerzas armadas deben regresar a los cuarteles porque es un asunto que le toca a la autoridad civil remediar.

Mencionó que cuando una institución no puede hacer su tarea porque está debilitada o por otra causa, entonces estamos en un supuesto en el cual la seguridad interior del país se ve amenazada, y en ese supuesto es que debe intervenir la autoridad federal sólo para efectos de resguardar, contener el problema.

Los funcionarios encontraron respaldo a su demanda de aprobar la ley en las organizaciones que encabezan Isabel Miranda de Wallace (Alto al Secuestro) y Laura Helena Herrejón, quien habló en nombre de Pro Vecino.

Esta última afirmó que el Presidente presentó una iniciativa. Hace 30 meses la tienen ustedes manoseando, y criticó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. No es la única voz la del movimiento del señor Sicilia, que se opone; Pro Vecino sí apoya la ley de seguridad nacional.

Miranda de Wallace también avaló la exigencia de que se apruebe la ley, con pequeños cambios, para desburocratizar la intervención presidencial cuando se enfrente una emergencia. Citó: “Yo nada más quiero saber qué hubiera pasado cuando en Chiapas el movimiento de Marcos le declaró la guerra al gobierno; hubiéramos tenido que hacer toda una burocracia para poder dar permiso de que el Presidente enviara a las fuerzas armadas.”

María Elena Morera, de Causa Común, dijo que la ley no debe aprobarse en esos términos, pues contiene ambigüedades: dejan tan abierto el tema de seguridad interor, que parecierera que fuera lo mismo seguridad interior que seguridad pública. Consideró necesario que el Congreso escuche todas las voces, si bien los 30 meses que se ha dilatado en aprobarla refleja la negligencia de los legisladores.

Señaló que a pesar de que están por cumplirse tres años de la firma del Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, muchos compromisos de los gobiernos federal y estatales no se han cumplido, o se simula que se cumplieron, pero el secuestro se ha incrementado 39 por ciento desde entonces y también los homicidios.