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La comisión de competencia admite recurso de reconsideración

Suspenden multa de casi 12 mil millones de pesos a Telcel
 
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de junio de 2011, p. 31

Radio Móvil Dipsa, conocida como la marca Telcel, interpuso un recurso de reconsideración ante la Comisión Federal de Competencia (CFC), que fue admitido por el órgano regulador, por lo que quedó suspendida temporalmente la multa de casi 12 mil millones de pesos por haber cometido prácticas monopólicas en la imposición de tarifas de interconexión.

Asimismo, la principal empresa de Carlos Slim interpuso un recurso de recusación contra el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, por lo que deberá presentar un informe sobre la decisión del pleno, el sentido de su voto y el uso del voto de calidad.

Al ser notificados sobre la aplicación de dicha sanción, los representantes legales de Telcel calificaron la decisión del pleno de excesiva e ilegal, y anunciaron que harían uso de todos los recursos legales para no pagar la multa y que la comisión retirara la acusación.

La firma promovió un amparo que le fue negado, y días después presentó la reconsideración, derecho que le concede la Ley Federal de Competencia.

Telcel presentó en tiempo y forma el recurso contra la decisión de fincarle la multa de 11 mil 989 millones de pesos por reincidir en la comisión de una práctica monopólica relativa, en esta ocasión en el mercado de terminación de llamadas de su red de telefonía móvil.

La comisión explicó que por tratarse de reincidencia se aplicó la multa máxima, como dispone el artículo 35 de la Ley de Competencia. El voto de los comisionados estuvo dividido, ya que dos lo hicieron en contra y uno en favor, mientras otro no sufragó por haber conflicto de intereses con alguna empresa involucradas en la investigación, y el comisionado presidente, Eduardo Pérez, aplicó el voto de calidad que le asiste para que prosperara la sanción y el mandato de que Telcel suspendiera su práctica monopólica.

El equipo jurídico de Telcel presentó el recurso de reconsideración ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la CFC, y ésta informó en su lista de notificaciones que se suspenden los efectos de la resolución emitida el 7 de abril del 2011, de tal forma que Telcel no tendrá que pagar por el momento los casi 12 mil millones de pesos.

El procedimiento, a partir de que la CFC admitió el recurso, será que en los próximos 60 días Telcel presentará sus argumentos y alegatos, y la CFC los revisará y tomará la decisión de disminuir la sanción, cancelarla o mantenerla en la forma original.

De forma paralela al recurso de reconsideración Telcel presentó uno de recusación, por lo que Pérez Motta deberá rendir un informe sobre la investigación y la decisión del pleno contra la compañía.

La investigación correspondía al expediente DE-37-2006; por el rumbo que ha tomado el caso, se trasladó al expediente RA-007-2011.

Al emitir la sanción, la CFC consideró que Telcel incurre en prácticas monopólicas al fijar tarifas de interconexión altas a los operadores que le solicitan el servicio en el segmento de terminación de llamadas, y al mismo tiempo cobra más barato a sus clientes por hacer llamadas dentro de su red, lo que cuadra con la práctica monopólica relativa prevista en la fracción 11 del artículo 10 de la Ley de Competencia.

Investigan a funcionarios de la Cofetel

Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública (SFP) comenzó una investigación contra funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que podrían haber incurrido en delito al no contestar en tiempo y forma la solicitud de opinión favorable de Teléfonos de México (Telmex) sobre el cumplimiento de las condiciones del acuerdo de convergencia y así poder entrar al segmento de video y audio restringidos, por lo que la empresa reclamó la aplicación de la afirmativa ficta.

Los documentos en que se basa la SFP señalan que los funcionarios encargados de responder a la empresa analizaron el caso, intercambiaron documentos y formularon una opinión negativa, pero no respondieron dentro del plazo legalmente establecido.