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El año pasado el consejo recibió unas 2,500 denuncias, de las cuales sólo procedieron 100

Turnan a la PGR 98 casos por presunto enriquecimiento ilegal y cohecho en el CJF
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de abril de 2011, p. 19

Durante 2010, la comisión de disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) turnó a la Procuraduría General de la República (PGR) 98 casos de presunto enriquecimiento ilícito, cohecho y extorsión en que incurrieron funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF), con la finalidad de que se inicien las averiguaciones previas y se apliquen sanciones penales, revelaron a La Jornada fuentes judiciales.

Entre los servidores públicos que enfrentan cargos por alguno de esos tres delitos destacan jueces de distrito, magistrados de circuito y funcionarios del propio CJF, aunque la mayoría de los inculpados laboran como oficiales judiciales, actuarios y secretarios de acuerdos.

Durante 2010, el Consejo de la Judicatura Federal recibió al menos 2 mil 500 denuncias y quejas (algunas anónimas y otras presentadas por abogados litigantes) por presuntos actos de corrupción de funcionarios del PJF, de las que apenas 100 han resultado procedentes, indicaron los funcionarios consultados.

El pasado lunes, el pleno del CJF anunció medidas extremas de fiscalización de sus juzgadores, que incluirán la revisión periódica de las cuentas bancarias y de la evolución patrimonial de los funcionarios judiciales que sean denunciados por presuntos actos de corrupción, para evitar actos de enriquecimiento ilícito.

Las inspecciones incluirán la revisión, por sorteo, de los bienes y propiedades que estén registrados a nombre de algún juez de distrito o magistrado de circuito.

Esa fiscalización se realizará obligatoriamente en aquellos casos en que se presenten quejas de abogados litigantes, o cuando se hagan denuncias anónimas de algún miembro del PJF contra alguno de sus compañeros o superiores, por presuntos actos de corrupción.

La finalidad de esta decisión es garantizar que los funcionarios del PJF cuenten con una situación financiera que corresponda con el nivel de sus ingresos, además de detectar cualquier indicio de enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar, refirió el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado.