Cozumel, QR. Más de 500 cozumeleños, encabezados por el presidente municipal, Juan Carlos González, y acompañados por representantes de los sectores empresarial y sindical, marcharon este miércoles en rechazo al aumento del pasaje de los transbordadores que comunican la isla con el resto de Quintana Roo. Según los inconformes, el pasaje entre Cozumel y Playa del Carmen subió casi 15 por ciento, y ahora el viaje redondo cuesta 320 pesos. Según los inconformes, este incremento causará un grave daño a la economía local.

Nuevo Laredo, Tamps. La empresa Setasa reclama al gobierno municipal 72 millones de pesos por recolección de basura, deuda que dejó la pasada administración, encabezada por Ramón Garza Barrios. Alejandro Pérez Tapia, gerente de la compañía, informó ayer que Setasa –que presta el servicio desde 1994– continúa recolectando los desechos de la ciudad, pero dejará de hacerlo si no le pagan. Estamos preocupados. Pedimos estamos una audiencia con el alcalde para saber llegar a acuerdos y seguir trabajando, dijo.

Culiacán, Sin. El Consejo Estatal de Seguridad Pública emitió ayer una convocatoria para elegir al titular de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, acéfala desde primero de enero, cuando empezó la administración del gobernador Mario López Valdez. Los aspirantes deberán someterse al examen de control de confianza que aplica el Consejo Nacional de Seguridad Pública. el cual seleccionará una terna y la presentará al Congreso local. Por lo pronto, el ex subprocurador para la zona centro de la entidad, Martín Robles, está a cargo del despacho.

Tepic, Nay. La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se inconformó por el nombramiento de cuatro consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE), uno propietario y tres suplentes, designados por el Congreso local para el período 2011-2014. El PRD argumenta que los cuatro nombramientos violan el artículo 84 de la Ley Electoral de Nayarit, la cual señala que los integrantes del IEE no deben haber desempeñado cargos directivos en partidos políticos tres años antes de sus designaciones, ni haber laborado en niveles medio o superior de la administración pública.