El financiamiento público a los partidos políticos es el mecanismo más seguro para evitar que el dinero de procedencia ilícita se utilice en las campañas políticas, aseguró el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, quien resaltó que la entrega de los recursos debe ir acompañada de una eficaz fiscalización.

Asistente a la décima conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), estimó que con la reforma electoral de 2007, el país cuenta con las herramientas legales y jurídicas necesarias para hacer frente a la llegada de dinero ilícito a los procesos electoral.

Me parece que la regulación legal ya alcanzó en México los niveles más eficaces que se puedan tener mediante las normas, pero ahora hay que conectar esta regulación legal con la eficacia en el desempeño de quienes tienen estas tareas, dijo.

Carrasco Daza señaló que aunque en las naciones de América Latina hay una gran diversidad en el marco jurídico, en la reunión de la Uniore se encontró una coincidencia en que se debe privilegiar el financiamiento público a los partidos políticos.

Reconoció que en naciones como la nuestra, donde se consolida un régimen democrático, la democracia cuesta. Y alertó que si en este momento, con el objetivo de abaratar este costo, dejamos de privilegiar el dinero público en las campañas políticas y damos un golpe de timón hacia el financiamiento privado, podríamos pagar a corto plazo un precio más alto que el que ya estamos pagando.

La legislación mexicana establece como fuente esencial el financiamiento público, sólo permite un tope máximo de 10 por ciento de donativos privados, situación opuesta a la de Panamá, donde no hay límite.

El magistrado destacó que debe existir una correspondencia entre los recursos públicos, que tanto cuestan al ciudadano, con la fiscalización del destino que le den los partidos a ese dinero.

Consideró que el modelo de fiscalización en México, el diseñado constitucional y legalmente, permite al Instituto Federal Electoral (IFE) tener la agudeza en la revisión del ejercicio del financiamiento a los partidos. Con la nueva legislación, el Instituto no tiene límite para investigar y determinar si lo gastado en una campaña política corresponde a la proporción del dinero recibido.

No obstante, el magistrado aclaró que un caso es el rebase de topes de campaña, y otro muy distinto el uso de dinero ilícito procedente del narcotráfico, aunque en ambos casos se tienen facultades necesarias para sancionar estas faltas.

Por otra parte, señaló que la ciudadanía –a la que identificó como mayor de edad– tiene que exigir a los partidos un debate político más amplio y mejor información para poder determinar el sentido de su voto.

Además, dijo el magistrado, los ciudadanos identifican quién está haciendo propuestas e impulsado los debates, y quiénes se manejan sólo en el espacio de la publicidad.