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Lo responsabilizan de conflicto y represión policiaca en la costa

Pedirán priístas juicio político contra el gobernador de Jalisco
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de octubre de 2010, p. 35

Diputados priístas de Jalisco solicitarán juicio político contra el gobernador de esa entidad, el panista Emilio González Márquez, a quien consideran responsable del conflicto social ocasionado por el cierre de la playa Tenacatita, que, sostienen, es un ejemplo más de las sistemáticas violaciones al estado de derecho en la actual administración.

En conferencia de prensa, David Hernández Pérez y Salvador Caro Cabrera denunciaron que el domingo pasado, junto con habitantes desplazados del predio y reporteros, fueron agredidos por policías estatales, por lo que también demandaron la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez.

Éramos aproximadamente 400 personas. Tenemos imágenes que demuestran que íbamos en forma pacífica. Cuando llegamos y amablemente les hicimos la solicitud de que se nos permitiera ingresar, fuimos bañados con gas pimienta y golpeados por la policía, junto con pobladores y representantes de los medios de comunicación, relató Hernández Pérez.

Los legisladores federales mencionaron que su coordinador en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, ofreció respaldo pleno de su grupo parlamentario.

Precisaron que la bancada acordó gestionar ante la Mesa Directiva de este órgano enviar un extrañamiento al mandatario jalisciense y consideraron inaceptable la respuesta violenta de las autoridades de la entidad.

Recibimos amenazas de muerte y sufrimos lesiones. Adicionalmente, pedimos a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco que dé vista a la Fiscalía Especial de Delitos Contra Periodistas, abundó el diputado Salvador Caro Cabrera.

Sobre la posibilidad de instalar una mesa de diálogo a propuesta de la Secretaría de Gobernación federal, David Hernández Pérez dijo estar dispuesto, siempre que se abra la carretera que da acceso a la playa, continúe el juicio para determinar quiénes son los auténticos dueños del predio en disputa y se retiren las denuncias penales presentadas contra habitantes de la zona.