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La propuesta oficial es fortalecer la cultura de la legalidad, afirma

Critica Vega Casillas que la sociedad se resigne a prácticas corruptas
 
Periódico La Jornada
Viernes 23 de julio de 2010, p. 12

En muchos casos la sociedad mexicana atestigua las prácticas corruptas con aceptación o resignación, aseveró el secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, ante altos funcionarios congregados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al participar en la conferencia Responsabilidad de las empresas en la promoción y combate a la corrupción, organizada en Brasil por ese organismo internacional, sostuvo que es indispensable cambiar esa actitud social por otra de rechazo e intolerancia.

En los últimos dos años se ha replanteado seriamente y de raíz la estrategia del combate a la corrupción; dejó de ser tratada como un problema administrativo para ser combatida como lo que es: un delito, agregó.

El titular de la SFP, dependencia que a la fecha no ha dado a conocer los resultados de la indagatoria iniciada en 2007 contra Vicente Fox por presunto enriquecimiento ilícito, apuntó que es necesario hacer de la lucha anticorrupción una política de Estado y fortalecer la coordinación de estrategias entre las dependencias públicas.

Según información del área de comunicación social de la SFP, Vega admitió que al inicio del gobierno de Felipe Calderón los resultados del combate a la corrupción en México no eran los esperados.

Pero la SFP se ha dado a la tarea de “eliminar las causas o situaciones que sean ‘caldo de cultivo’ para la corrupción, como la regulación excesiva”, añadió.

La propuesta a largo plazo es renovar, fortalecer y consolidar el aprecio de la sociedad por la cultura de la legalidad.

En la sesión, donde compartió el presídium con el secretario general adjunto de la OCDE, Richard Boucher, y representantes de otros organismos, se refirió a diversos programas anticorrupción (42 operativos en que fueron detenidos 50 funcionarios menores).

La SFP ha presentado denuncias penales contra 440 personas en los últimos tres años, 109 de ellos particulares, por estar involucrados en actos de corrupción. Además inhabilitó a más de mil 300 servidores públicos en el mismo periodo.