Grupo Salinas alegó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) que es indispensable investigar el comportamiento del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; de la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández; del director Jurídico de la dependencia, Gerardo Sánchez Henkel, así como de los integrantes del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia (CFC), porque durante el proceso de licitación de frecuencias para servicios de telecomunicaciones han incurrido en flagrantes violaciones a leyes de competencia, de telecomunicaciones y a la propia Constitución, de acuerdo con el expediente entregado a la dependencia.

Representantes legales de Grupo Salinas entregaron el miércoles pasado un expediente dirigido al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, en el que documentaron la presuntas irregularidades legales y administrativas en las que han incurrido los funcionarios de la SCT, Cofetel y CFC desde a elaboración de las bases para la licitación de espectro en las frecuencias de 1.7 y 1.9 gigahercios (Ghz) dedicadas a la prestación de telefonía celular, Internet y banda ancha, entre otros.

En el documento explicaron que las bases de licitación van en contra de derechos constitucionales y violan garantías individuales por lo que dos de las 11 empresas de Grupo Salinas que participan en los concursos interpusieron recursos legales para solicitar amparos en contra de la fijación de límites para la adquisición de espectro, y para evitar que la Cofetel pueda emitir fallo sobre los concursos.

Iusacell PCS presentó la demanda de amparo que quedó radicada en el juzgado noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, en el expediente 170/2010, del que obtuvo sentencia favorable el 21 de mayo pasado.

Por separado, la empresa Telecomunicaciones del Golfo promovió una demanda de nulidad que se registró en el expediente 4071/10-17-05-5 de la quinta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Distrito Federal, por considerar que las base de licitación de frecuencias están viciadas, y más adelante promovió otro recurso similar.

Los abogados de Grupo Salinas señalaron que a pesar de todos los pronunciamientos legales en contra de las bases de licitación de frecuencias, la Cofetel inició las rondas de subastas, lo que representa una grave infracción por parte de los funcionarios señalados, conforme lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Acusaron a los funcionarios de haber inobservado sentencia de amparo dictada por el juzgado noveno, en la que se establece con toda claridad la falta de fundamentación y motivación de las bases de licitación del espectro radioeléctrico. El juez de amparo determinó la inconstitucionalidad de las bases que sirven de sustento a los procedimientos de licitación, y a pesar de ello, señalaron, las autoridades denunciadas continúan con el proceso.

Destacaron que el espectro radioeléctrico es un bien nacional, por lo que las reglas para su explotación deben estar apegadas a derecho; por lo tanto cuando las autoridades responsables de llevar a cabo las licitaciones incumplen con dicho marco legal y constitucional, es evidente que incurren en un ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.

Y abundaron en que las autoridades tampoco atendieron la medida cautelar que le fue concedida a Grupo Salinas, al no mantener las cosas en el estado en que se encontraban y continuar con los procedimientos licitatorios viciados de origen por su falta de fundamentación y motivación, con lo cual hay una total falta de respeto, diligencia imparcialidad y rectitud en su actuar.

Los funcionario de la Cofetel denunciados por Grupo Salinas son el presidente Héctor Osuna Jaime, y los comisionados Rafael del Villar, José Luis Peralta, Ernesto Gil Elorduy y Gonzalo Martínez Pous. Mientras que los acusados de la CFC son Eduardo Pérez Motta, Luis Ibarra, Miguel Flores, Rodrigo Morales y José Navarro.