Los órganos reguladores de la banca y la actividad financiera, de las telecomunicaciones, del sector energético y de competencia se encuentran en una grave indefinición que les impide cumplir con sus asignaciones para promover un desarrollo ordenado de los mercados.

Un grupo de 30 expertos convocados por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) para elaborar la Evaluación del Desempeño de los Órganos Reguladores en México, ubicaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia (CFC) con una calificación reprobatoria en términos generales. La mejor posición fue la CNBV, con 6.1 de calificación y donde 10 es la puntuación más alta.

De acuerdo con el grupo de expertos los órganos reguladores se ven rebasados y limitados por los intereses particulares, por la legislación vigente y la falta de una visión de Estado en el modelo de competencia económica. Enrique Cárdenas, director general del CEEY, dijo que hay una grave indefinición en la orientación de estas comisiones y su papel para promover una sana competencia en sus respectivos ámbitos.

Falta promover competencia

A cada uno de esos reguladores, dijo, les falta promover la competencia en sus respectivos sectores y lo que es peor, se han dado casos en que se presenta el denominado secuestro del regulador por parte de los integrantes de la industria regulada.

La peor calificación la obtuvo la Cofetel, con 4.2 puntos, debido principalmente a la duplicidad de funciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que genera con frecuencia confusión y contradicciones en los resolutivos.

Ligeramente menos mal se ubicó la CRE, con una puntuación de 5.1. en este caso los evaluadores concluyeron que se ha realizado un buen trabajo en aquellos segmentos donde existe competencia como el gas LP pero que su papel es muy limitado frente a Pemex y CFE.

En el caso de la CFC, este regulador de la competencia económica obtuvo una calificación de 5.2 puntos pues se considera necesario transparentar procesos internos para dar mayor certeza en la aplicación de multas y otras resoluciones. Los expertos consideraron también que se requiere un mandato más claro.

Los expertos evaluadores concluyeron que se requiere asignar a esos organismos las herramientas jurídicas necesarias para evitar la duplicidad de funciones, garantizar la certidumbre jurídica y claridad en el mandato de sus actividad.