Número 158
Jueves 3 de septiembre
de 2009


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

Organismos Públicos de Derechos Humanos: retos actuales

En México y América Latina, los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) han cobrado especial relevancia en los últimos años, dado el contexto social, político y económico vigente, caracterizado sobre todo por la incapacidad y falta de voluntad de los Estados para asegurar tanto la necesaria promoción y defensa de los derechos humanos de la ciudadanía,¹ como la reparación de los daños que se causan por su incumplimiento. Esta situación favorece que los poderes fácticos se erijan abiertamente en detractores de las garantías individuales, con la omisión e inclusive el respaldo de los gobiernos.

Ante este escenario, es prioritario que la perspectiva de la ciudadanía , se convierta en el parámetro para el ser y quehacer de dichos organismos públicos. Su competencia en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos ha de disponer “del mandato más amplio posible, claramente enunciado en un texto constitucional o legislativo”, y tanto su composición como la elección de sus miembros, deben “ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación plural de las fuerzas sociales, en especial mediante facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de diferentes sectores de la sociedad”.

Desafortunadamente en México, si bien el sistema de OPDH bajo la figura del ombudsman, ha tenido avances importantes en los años recientes, actualmente muestran un desarrollo asimétrico, con distintas y persistentes limitaciones, siendo la excepción el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cuyo modelo ha dado un impulso a la agenda de los derechos humanos que ha trastocado hasta el modelo nacional.

Nuestros OPDH en lo nacional y local han dejado de responder a la necesidad de salvaguardar de los derechos fundamentales de la población, perdiendo su autonomía respecto de los poderes del Estado y de los controles financieros. El deterioro mismo del Estado, los ha afectado significativamente, haciéndolos vulnerables a la corrupción, tanto en su operatividad, como en sus procesos mismos de selección y renovación de integrantes, tal y como ha quedado claro en el actual proceso de relevo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyas ambigüedades obstaculizan su fortalecimiento y autonomía.

Ante esta realidad, en Católicas por el Derecho a Decidir esperamos que no sólo se den pasos seguros en la consolidación de aquellos organismos cuyos modelos y eficacia hemos constatado a través de sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; sino también que se posibilite la recuperación, de un modelo de defensoría centrado en la atención de las víctimas, con alto nivel profesional y desempeño institucional, y con espacios construidos para la coordinación y colaboración con instituciones y organismos públicos, civiles y académicos nacionales e internacionales.

Para hacer efectiva la defensa y promoción de los derechos humanos que tanto necesitamos en este país, consideramos imprescindible que se establezcan mecanismos de transparencia, legalidad, rendición de cuentas y cumplimiento de un determinado perfil de candidatas/os, que vayan de acuerdo con las necesidades actuales del país así como con los estándares internacionales en el ámbito de los OPDH. Es necesario que cuenten con legitimidad ante la ciudadanía, que su competencia para vigilar abarque a todos los sectores gubernamentales, que tengan la facultad de vigilar el cumplimiento de sus recomendaciones para que puedan incidir en la construcción de políticas públicas y que traten sistemática y estructuralmente las cuestiones de derechos humanos.²

Finalmente, es deseable e indispensable, para un pleno avance democrático en este ámbito, que pueda superarse la intromisión de intereses ajenos a la protección y defensa de los derechos humanos en los actuales procesos de relevos en las Comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Distrito Federal, mediante un procedimiento claro, abierto, incluyente y equitativo, donde la participación de la ciudadanía, la transparencia y el acceso a la información estén asegurados.

1 En especial la de sus sectores más vulnerables: grupos en situación de discriminación, como las mujeres, movimiento lésbico gay bisexual transexual transgénero travesti e intersexual, indígenas, pobres, jóvenes, habitantes de zonas rurales, entre otros.
2 ICHRP y OACNUDH, 2005, Evaluar la Eficacia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos

S U B I R