A pesar de la alerta en hospitales del gobierno de la ciudad por el brote de influenza porcina, los nosocomios del Distrito Federal mostraron por fuera una actividad normal, salvo algunas filas por la mañana que acudieron a solicitar la vacuna de la influenza, cuyo suministro se suspendió pasado el mediodía, cuando se informó al gobierno de la ciudad que dicha fórmula no inocula contra este virus.

No son, sin embargo, el mejor sitio donde la población puede obtener información sobre el mal, pues el único contacto de los nosocomios con el exterior es el personal de la policía auxiliar que, en el mejor de los casos, declara: aquí no se da información, llame a Locatel.

Ya por la tarde, hospitales como el Gregorio Salas, en el Centro Histórico; el Rubén Leñero, en el Casco de Santo Tomás, o el de Xoco, en la avenida México-Coyoacán, tenían un grupo personas normal: unas seis frente al primero, y entre 20 y 30, en grupitos de hasta cinco, fuera de los accesos de urgencias en los otros dos.

La mayoría de quienes esperaban llevaban cubrebocas, al igual que el personal de seguridad, lo que era indicio de que habían entrado al hospital a visitar a su paciente y si bien, entre ellos el tema del brote de influenza era motivo de conversación, su presencia allí se explicaba por otras emergencias: fracturas por la caída en motocicleta de un amigo; una cirugía programada de un familiar o complicaciones en el embarazo de la esposa o la hija.

En el Rubén Leñero los uniformados informaban que la aplicación de la vacuna se suspendió hasta nuevo aviso; pero en Xoco sugerían regresar al día siguiente, se pone de siete a una.

Y aunque la vacunación se suspendió por su falta de efectividad, llegaron dos quejas a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) de personal médico en igual número de hospitales para solicitar medidas cautelares a fin de garantizar el suministro de vacunas para el buen desarrollo de su trabajo.

Se trata de un grupo de enfermeras del hospital Belisario Domínguez, de la Secretaría de Salud capitalina, en Iztapalapa, y de un médico de un nosocomio federal, aunque no se precisó cual, que fue turnada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informó el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza.

Al señalar que se suspendieron todas las actividades con niños y jóvenes hasta el próximo martes, señaló que la comisión emitirá medidas cautelares a centros de detención, para que no sean focos para el brote epidemiológico.