Número 150
Jueves 8 de enero
de 2009


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

Unirse legalmente es sencillo, pero disolver el vínculo puede ser un gran conflicto. El dolor de la separación se complica con el drama de tener que enfrentar un juicio familiar. La tendencia a flexibilizar los trámites de divorcio en todo el mundo da cuenta de la fragilidad de los vínculos conyugales, pero también libera de la carga opresiva a la figura del matrimonio. El deseo de juntarse y separarse vuelve a ser un asunto estrictamente privado.

En la ciudad de México entraron en vigor el 6 de octubre del año pasado las reformas a los artículos 266 y 267 del Código Civil local que permiten diluir un matrimonio en aproximadamente 30 días. Con este cambio legislativo basta con que una de las partes manifieste ante un juez de lo familiar su deseo de separarse para iniciar el llamado divorcio exprés.

Así, ya no es necesario comprobar alguna de las 21 causales señaladas en la anterior normatividad, como el adulterio, violencia familiar, alcoholismo, celos, amenazas, entre otras. Para agilizar el trámite administrativo los cónyuges deberán presentar en un plazo de 15 días una propuesta de repartición de los bienes adquiridos, así como comprobar por lo menos un año de convivencia matrimonial.

Las parejas que recurran a esta opción deberán haber establecido y tener vigente el domicilio conyugal en el Distrito Federal, pues en caso contrario los jueces de lo familiar no tendrán competencia, aunque podrán beneficiarse los matrimonios efectuados en otra entidad con domicilio en la Ciudad de México.

Quienes deseen divorciarse deberán presentar el acta de matrimonio, documentación que acredite los bienes adquiridos mientras duró el pacto civil y, en caso de haber procreado hijos, las actas de nacimiento de cada uno de ellos.

Las modificaciones al Código Civil del Distrito Federal señalan que en aras de proteger los derechos de los menores y las mujeres, no se decretará el divorcio si el cónyuge que lo solicita no establece en la forma en que garantizará respetar la guardia y custodia. Tampoco si no se especifican los derechos de visitas, manutención, uso del domicilio conyugal y administración de los bienes.

La Iglesia Católica, por supuesto, ha manifestado su oposición al nuevo marco legal. Enrique Glennie, secretario ejecutivo de la Pastoral Familiar de la Conferencia del Episcopado Mexicano, ha dicho que, “como el aborto”, el divorcio “debilita a la familia”. El prelado llamó a los legisladores a “buscar esquemas de apoyo a la familia, pero no para facilitar más la desintegración, sino para encontrar caminos para salvar un matrimonio”.

S U B I R