Alondra es una mujer transexual de 38 años de edad y vive en Guadalajara, Jalisco. La falta de oportunidades la orilló a lavar platos en una pequeña fonda, ejercer el trabajo sexual, y a ganarse unos cuantos pesos en un table dance. Hasta hace poco vivía con su hija, una niña de nombre Rosa Isela a quien recogió, recién nacida, en la calle.
A pesar de haberla cuidado con esmero, escuchar sus primeras palabras, enviarla a la escuela y hacer juntas las tareas, las autoridades del Consejo Estatal de la Familia (CEF) separaron a Alondra de su hija por considerar que su condición transexual “no se ajusta a los parámetros elementales de convivencia social para que una menor de edad tenga un punto de referencia moral para su vida adulta”.
Tras dos años de litigio, el pasado 28 de octubre María del Carmen Mejía, juez séptima de lo Familiar en la entidad, concedió la custodia provisional de la pequeña a Alberto Ávila Vélez, nombre legal de Alondra. Sin embargo, Claudia Corona, secretaria ejecutiva del CEF, desacató la orden judicial y escondió a Rosa Isela para evitar fuera víctima de la “indecencia” de quien ha sido su única familia durante sus siete años de vida.
El caso de Alondra muestra la diversidad de arreglos familiares en México. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, de los 27 millones de hogares, 91 por ciento son de tipo familiar. De estos, 67 por ciento responden al modelo tradicional o nuclear en el que una pareja heterosexual convive con o sin hijos. El resto se conforma por arreglos familiares monoparentales, extensos, compuestos y unipersonales.
Para los activistas del Observatorio de Familias y Políticas Públicas (OFPP), la actuación del CEF responde a intereses de grupos ultraconservadores identificados con la Iglesia católica empeñados en impulsar un concepto único de familia basado en la heterosexualidad.
“No es posible que las creencias personales de los funcionarios públicos estén por encima del Estado laico. Su deber es garantizar los derechos de toda la población independientemente de la religión, clase social u orientación sexual. Resulta preocupante que el tema de la familia esté absolutamente moralizado”, dice Guadalupe Ordaz, de la OFPP.
Para la psicoterapeuta las familias son organizaciones sociales con características históricas
y culturales propias del lugar donde se desarrollan, lo que dificulta pensar que algunas son “naturales” y otras “antinaturales”.
En charla con Letra S, Ordaz sostiene que cualquier arreglo de convivencia donde se respeten los derechos de sus integrantes y se les proporcione afecto, seguridad, protección y oportunidades de crecimiento, constituyen espacios propicios para la crianza y crecimiento de niños y adolescentes, por lo que la idea de que sólo una modalidad de familia puede hacerlo es errónea.
“Esos espacios pueden estar constituidos por personas con o sin relaciones consanguíneas. Pueden estar formados por seres humanos con relaciones duraderas o temporales. El asunto central es el interés, afecto, respeto y cuidado que las personas adultas responsables tengan por el desarrollo integral de los niños y jóvenes, y no las relaciones de parentesco entre ellos”.
La politización de la familia
De acuerdo con la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 33 de cada 100 hogares nucleares constituyen espacios de agresión, aislamiento, depresión, indefensión, destrucción de autoestima, abuso y violencia para sus integrantes, especialmente para las mujeres, niños y adultos mayores.
“En muchas ocasiones la violencia transforma a la ‘familia natural’ y surgen arreglos familiares monoparentales o recompuestos que representan una segunda oportunidad para favorecer relaciones más armónicas entre sus miembros”, señala por su parte, Leticia Cuevas, representante de La Coalición Las Familias Somos…
Sin embargo, los “defensores de la familia” promueven el modelo nuclear cómo único legítimo, lo que favorece los entornos de violencia y los problemas sociales derivados de la mala convivencia familiar. A decir de Cuevas Rossette, los grupos de ultraderecha han colocado en puestos de decisión a algunos de sus militantes con el objetivo de permear su concepto de familia en las políticas públicas, y de frenar los avances obtenidos por la sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos.
Menciona que según datos obtenidos del Instituto Federal de Acceso a la Información, dependencias como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Educación Pública, impulsan en 16 estados de la república el Modelo Nacional de Educación Familiar, el cual promueve los valores religiosos e invisibiliza los modelos no tradicionales. Uno de los ideólogos del documento es el Papa Juan Pablo II.
Sobre los ultraconservadores que inhiben el avance de la sociedad civil, Leticia Cuevas señala a Bernardo Fernández del Castillo, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y otrora abogado de la Arquidiócesis Primada de México, como el responsable de detener la publicación de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres en el Diario Oficial de la Federación.
De entrar en vigor, los servicios de Salud de todo el país estarán obligados a proporcionar anticoncepción de emergencia a mujeres víctimas de violación,
y en caso de embarazo, garantizarles la interrupción legal, temas con los que Fernández del Castillo no está de acuerdo.
S U B I R
|
