La violencia obstétrica se sigue cometiendo en México y en el mundo, pese a que se han emprendido acciones para prevenirla y erradicarla. En el país, una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años experimentan maltrato u omisiones durante el embarazo, parto y posparto en instituciones públicas y privadas. Se busca que este tipo de agresiones se tipifiquen como delito a escala nacional, porque hasta ahora sólo unos cuantos códigos penales estatales lo contemplan.

La Secretaría de Salud (Ssa) describe esa práctica como una forma de violencia institucional y patriarcal, que violenta los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. En concordancia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama a los gobiernos a combatir ese tipo de agresiones.

A fines de los 90, durante su primer parto, Pilar sufrió violencia obstétrica. Narra a La ­Jornada que la suturaron sin anestesia, que muchos médicos le hicieron numerosos tactos vaginales y fue ignorada por enfermeras cuando pidió ayuda. En ese entonces, no tenía conciencia de que esas prácticas no debieron ocurrir, pero sí tuvo claro que “fui víctima de agresiones en el hospital durante 17 horas de labor de parto”.

“¡Cállate y puja!”, es algo que han escuchado muchas mujeres en su parto, explica Fernando Manilla, director jurídico de la Fundación Lex Pro Humanitas, institución que pugna por que este tipo de violencia de género se considere delito en todo el país.

“Iniciamos la campaña desde 2018 para tipificar la violencia obstétrica y la esterilidad provocada como delitos, derivado de los casos que hemos acompañado”, agrega. Recuerda que en Puebla, un legislador morenista presentó la propuesta y se logró el objetivo con la modificación de los artículos 356 bis y 343 ter. En Morelos y la Ciudad de México también se han presentado iniciativas, y en todos los casos se establecen penas carcelarias y monetarias.

Las manifestaciones más comunes de violencia obstétrica son gritos y regaños del personal médico, paramédico y administrativo, retraso en la atención, ser ignorada, ejercer presión para aceptar métodos anticonceptivos o esterilización, anestesia denegada, ser aislada del bebé y someter a cesáreas que no se requieren.

En México, a 45 de cada 100 mujeres se les ha practicado una cesárea, y en 15.8 por ciento de los casos no fueron autorizadas. La OMS señala que esa intervención quirúrgica no debe superar 15 por ciento de los partos.

Fernando Manilla aclara que la Fundación “no trata de criminalizar al personal de salud. Tipificar la violencia obstétrica no debe ser la única forma de lograr justicia, también se deben atender los problemas estructurales”.

Las acciones para abatir la violencia obstétrica en instituciones públicas ahora incluyen la capacitación constante en derechos humanos para el personal de salud y administrativo e informar a las mujeres sobre sus derechos.

En este contexto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) emprendió una estrategia de “parto humanizado” y “lactancia humanizada”, a lo que se suma una política de cero rechazo para pacientes con urgencia obstétrica, con la participación, además, del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud.

Judith García, subcoordinadora de la Dirección Normativa de Salud; Marlene Maury, jefa de Salud Reproductiva, y Carolina Solís, responsable del Programa de Prevención de Mortalidad Materna de la institución, coinciden en entrevista que la violencia obstétrica que han detectado en el Issste es por “omisiones, falta de explicación sobre los procesos de tratamiento durante la atención”.

Añaden que se ha priorizado el “enfoque de derechos humanos, de perspectiva de género e interculturalidad”. También se promueve que la embarazada participe en su parto, se ha fortalecido la partería en Chiapas y si la madre y el bebé están sanos “van a la misma habitación” para fortalecer su vínculo