En busca de evitar una mayor caída en las preferencias electorales y con miras a los comicios de 2024, el PRI se ratificó ayer como fuerza política socialdemócrata de centroizquierda, alejada del populismo y del neoliberalismo “economicista creador de oligopolios y desigualdad social”.

Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales del tricolor resumió en un tuit la decisión de la 23 Asamblea Nacional: “le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder”.

Durante los trabajos de la actividad semipresencial, con participación virtual y física de unos cuantos líderes y gobernadores, como Beatriz Paredes, César Camacho, Alfredo del Mazo, Alejandro Murat y Omar Fayad –los últimos tres, mandatarios del estado de México, Oaxaca e Hidalgo–, se avaló una política de alianzas que no diluya la identidad de ese partido y en cambio potencie su capacidad de lucha por el poder.

Los 2 mil 958 delegados presentes aprobaron cambios en los documentos básicos, entre los que se encuentra dar más espacio a jóvenes en las candidaturas de mayoría relativa y las plurinominales. Así, habrá uno en cada bloque de tres abanderados.

Se determinó, además, que las postulaciones serán preferentemente para militantes que demuestren institucionalidad, lealtad y ética partidista.

Partido sin manchas

Para combatir la imagen de corrupción que tiene esta fuerza política, los asambleístas –entre los que se encontraba la secretaria general Carolina Viggiano– resolvieron que no se tolerarán corruptelas y quienes caigan en esas prácticas serán procesados y expulsados.

Tampoco se aceptarán servidores públicos que no rindan cuentas a la militancia y ocupen al partido para plataformas personales o que manchen las siglas del instituto.

Sin distancia interpersonal entre los militantes que acudieron a la sede nacional priísta, se determinó que el tricolor luchará en favor de las causas de las mujeres y se le calificó de “partido feminista”.

Los delegados se pronunciaron por incluir en las candidaturas a integrantes de grupos vulnerables, como indígenas y discapacitados, así como afrodescendientes.

En los documentos básicos que serán remitidos al INE. se ratifica el compromiso con la igualdad social, el combate a la pobreza y la protección del medio ambiente.También se demandó revisar el Pacto Fiscal Federal y, en general, la “anquilosada estructura hacendaria” del país.