Ciudad de México. La propuesta legislativa de Estados Unidos de otorgar créditos fiscales para la compra de autos eléctricos ensamblados en ese país coloca a México “en el peor de los escenarios”, pues la medida puede dejar fuera a la industria nacional del mercado, aunque el camino para evitar la medida no será fácil al ser un subsidio indirecto, de acuerdo con expertos.

Mañana lunes el Senado de Estados Unidos discutirá la ley Build Back Better Act, iniciativa del mandatario Joe Biden para otorgar hasta 12 mil 500 dólares en créditos fiscales a consumidores que adquieran ese tipo de vehículos.

La propuesta busca mantener el monto base de 4 mil dólares en crédito fiscal –que existe desde 2009–, con la posibilidad de sumar 3 mil 500 dólares si el paquete de baterías del vehículo incluye al menos 40 kilovatios-hora de capacidad. El apoyo fiscal para los autos híbridos enchufables aplica si el tanque de gasolina no excede los 7.6 litros.

La media se dirige a unidades puestas en servicio antes de 2027, pero el crédito fiscal puede sumar otros 4 mil 500 dólares si los consumidores adquieren después de ese año vehículos ensamblados en Estados Unidos por trabajadores sindicalizados y otros 500 dólares si contienen una batería fabricada en esa nación.

En entrevista, Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM, comentó que el gobierno mexicano deberá ser cuidadoso en cómo responder.

El pasado 3 de diciembre Tatiana Clouthier Carrillo, titular de la Secretaría de Economía (SE), señaló que México interpondrá represalias comerciales en los sectores que “más duelan” a Estados Unidos si se aprueba la iniciativa que es discriminatoria para los vehículos eléctricos armados en México y los pone en desventaja frente a los producidos en el país vecino.

Martínez Cortés explicó que el subsidio es para la adquisición de autos, es decir, se otorga a consumidores, no directamente a la industria aunque el beneficiado será ese sector al incentivar la producción.

Consideró que es un “apoyo que se está generando al mercado interno de Estados Unidos y por lo tanto no podría considerarse como una práctica desleal”, tanto para el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en las reglas antidumping de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Patriotismo comercial

Recordó que mientras el ex presidente Donald Trump impulsaba un nacionalismo económico, Biden impulsa un patriotismo comercial. “Prevalece el interés económico de Estados Unidos en torno al fomento de su mercado interno”, dijo.

Apuntó que no estaría violando directamente las reglas de la OMC o al T-MEC, porque Washington está en su derecho de apoyar a su mercado interno e incentivar la producción doméstica.

“Caería en práctica desleal si ese apoyo se manifiesta en productos de exportación.”

Subrayó que la medida puede afectar a la planta productiva de la región, por lo que tanto Canadá como México no están de acuerdo.

Comentó que la industria mexicana estará en desventaja en caso de que se siga una controversia, pues existe el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex), mediante el cual se otorgan incentivos fiscales a vehículos, pero son directos al sector.

Defensor del “piso parejo”

Destacó que Washington posee un instrumental jurídico para proteger su economía e incentivar su producción. “A lo largo de su historia económica, de todo su proteccionismo comercial, tiene el marco jurídico para poder realizar este tipo de medidas así como utilizar la presión de aranceles. Ahora Biden está apoyando este subsidio en su marco jurídico”, dijo.

Alejandro N. Gómez Strozzi, socio de Foley & Lardner México, descartó represalias arancelarias por parte de México o una “guerra comercial” como algunos actores de la industria han advertido.

“Estamos en este momento en el peor de los escenarios. Hay la posibilidad de un incentivo que pudiera dejarnos fuera del mercado, por una parte, y por la otra no estamos preparados, no estamos haciendo absolutamente nada para ponernos al día, para competir”, dijo Arturo Rangel, vicepresidente de comercio exterior del sector automotor de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Consideró que la propuesta es asimétrica, pues va en contra de los compromisos adoptados en el T-MEC y la OMC, pues resta competitividad a pesar de que Estados Unidos ha sido defensor de “tener piso parejo”.

Resaltó que se apruebe o no la iniciativa, es necesario cuestionar qué está haciendo México para alcanzar el nivel que tiene Estados Unidos y Canadá.

“No tenemos nada y eso es lo que debe ser preocupante.”

Indicó que la industria mexicana necesita un proceso de reconversión de su manufactura para poder entrar en nuestra nueva dinámica de los vehículos eléctricos.

“Se necesitan incentivos fiscales y una regulación, en este momento todavía no lo tenemos. Vamos muy atrasados”, agregó antes de comentar que debe ser una medida transversal que involucre a todos los ramos industriales.

Consideró que la propuesta de la ley tardaría mucho tiempo en aplicarse, pues ninguna nación puede decir que todas las partes de un auto fueron fabricadas en su región “por la diversidad de insumos, por los componentes”.

Agregó que la iniciativa también deberá definir qué va a considerar como “ensamblado en Estados Unidos”, por lo que habría una oportunidad para que México siga subiendo arneses, vestiduras, suspensiones, etcétera. “Si el escenario es totalmente producido, eso le llevaría a Estados Unidos todavía un buen rato para lograrlo”, comentó.