Desde que se dio a conocer la existencia de ómicron, la mutación más reciente del virus SARS-CoV-2, cada vez más países implementan restricciones de viaje con la esperanza de evitar o ralentizar la entrada de esta variante a sus territorios.
Estos cierres afectan principalmente a Sudáfrica, nación donde se descubrió, pero también a otros Estados cercanos como Esuatini (antes Suazilandia), Mozambique, Angola, Zambia, Malaui, Lesoto, Zimbabue, Namibia y Botsuana, y en algunos casos se han hecho extensivas a todo el continente africano.
Mientras los mercados recuperan cierta tranquilidad al considerar que en un inicio se sobrestimó la peligrosidad de ómicron, la Organización Mundial de la Salud alterna los llamados a la calma con advertencias acerca de los posibles riesgos. Por una parte, el domingo el organismo multilateral recordó que “comprender el nivel de severidad de la variante recién detectada tomará de días a varias semanas" y “actualmente no hay información que sugiera que los síntomas asociados con ómicron sean diferentes de los de otras variantes”; sin embargo, ayer sostuvo que la probabilidad de una propagación mundial es elevada, debido a “las mutaciones que podrían conferirle la capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y darle una ventaja en términos de transmisibilidad”. Hasta el domingo pasado no se había registrado ninguna muerte asociada a esta variante.
La propia OMS ha desaconsejado los cierres de fronteras y las restricciones adoptadas de manera casi automática en respuesta al surgimiento de ómicron, pues tales medidas “imponen una pesada carga en las vidas y en los medios de vida”, además de atacar la solidaridad global.
Esto es particularmente cierto cuando ya se detectó en al menos nueve naciones europeas –Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal, Austria y República Checa–, así como en Australia, Hong Kong, Israel y Canadá, por lo que impedir los viajes desde o hacia el sur de África parece castigar a esta región sin contribuir de manera sustantiva a los objetivos de contención sanitaria.
En vez de dar pábulo a actitudes xenofóbicas o aislacionistas, el surgimiento de una nueva variante del coronavirus debería impulsar la reflexión en torno a la inequidad en la distribución de las vacunas disponibles contra el Covid-19. Ya se ha repetido que de nada sirve a las naciones ricas acapararlas e inocular incluso a los grupos de edad que menos los necesitan, pues mientras los países en desarrollo sigan incapacitados para proporcionar vacunas a porcentajes significativos de su población, el patógeno tendrá vía libre para continuar mutando y desafiando los esfuerzos de inmunización. No es casualidad que esta variante se detectara en un territorio donde apenas 23.8 por ciento de los habitantes tiene un esquema completo de vacunación, y en un continente donde sólo 27 por ciento del personal de salud está inmunizado.
Ómicron, como antes delta, muestra que el egoísmo y la ceguera de las naciones más avanzadas derivan en acciones contraproducentes para sus sociedades y para el resto del mundo, y deberían impulsarlas a cambiar sus estrategias en un sentido racional, humanitario y solidario. Acelerar la aplicación de vacunas tanto en África como en el res-to de regiones en desarrollo es el único camino sensato para poner fin a la pandemia y sus repercusiones socioeconómicas.
