El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el uso ilegal de herramientas de investigación para el crimen organizado contra activistas que participaron en la defensa de las familias de los migrantes asesinados en San Fernando.
Tras recordar el uso en espionaje del software Pegasus, demandó al Estado mexicano iniciar investigaciones de oficio sobre estas irregularidades para sancionar a los funcionarios involucrados.
En un pronunciamiento expresó su solidaridad con Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia; Mercedes Doretti, especialista del Equipo Argentino de Antropología Forense, y la periodista Marcela Turati, quienes fueron investigadas por la Procuraduría General de la República entre 2015 y 2016.
El organismo expresó “su honda preocupación por la manipulación y el uso indebido del poder punitivo del Estado, que supone servirse del marco legal restringido a la investigación de la delincuencia organizada y el secuestro, para obtener información personal de las defensoras y la periodista”.
Criticó que las autoridades de la PGR sostuvieran reuniones (a las que en ocasiones asistió personal de la ONU-DH) con quienes posteriormente ordenaron investigar.
Agregó que es “especialmente preocupante que los valiosos recursos y capacidades de investigación del Estado mexicano” se hayan usado para vigilar a defensores y periodistas, cuando víctimas como las de San Fernando o de desapariciones “reciben regularmente como respuesta de las autoridades a sus demandas de justicia la falta de recursos para investigar sus casos”.
