“Nuestro legado”, decía un gran anuncio luminoso a la entrada del Congreso de Nuevo León. Era la prolongación marchita, así fuese a todo color, de las campañas de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco: la de 2015, cuando fue elegido gobernador, y la de 2018, cuando el dinero de sus patrocinadores empresariales le permitió desenvolverse en su último papel de protagonismo bufo para enfrentar a López Obrador en 2018. Ahora, en septiembre de 2021, rendía su último informe de gobierno ante la nueva legislatura.

En Nuevo León muchas distorsiones políticas gozan de impunidad porque la mancuerna dominante PRI-PAN ha dado cauce a las determinaciones ideológicas y políticas de la oligarquía en el estado. En estos partidos no hay debate ni participación de la militancia partidaria –tampoco en los menores. Así, todo se resuelve en sus cúpulas y las de otros liderazgos: desde luego los empresariales, los de gobierno, los parlamentarios, los sindicales, los religiosos, los juveniles donde los haya, los vecinales, los mediáticos, los de muy diversas instituciones civiles, incluidas las educativas, y los de carácter ciudadano.

Las bases sociales permanecen pasivas y resignadas. Si manifiestan su inconformidad lo hacen en términos de retobo y en privado. Públicamente sólo algunas voces aisladas articulan críticas medulares.

Por ello el informe de Rodríguez Calderón fue pronunciado sin que hubiera el menor señalamiento crítico a su gestión.

La obra pública de envergadura brilló por su ausencia (así, la línea tres del Metro, por ejemplo, permanece en suspenso desde hace 10 años). La privatización administrativa de espacios públicos –de manera notable el Parque Fundidora, donado por la Federación para ser un pulmón urbano–, para la realización de negocios privados, a pretexto de su sostenibilidad.

El desprecio sistemático por el ambiente en una de las áreas de mayor polución en América Latina llegó a extremos: además de fundidora, la autorización para construir vivendas en el radio hipercontaminante de las pedreras y una gruesa incuria ante el Parque La Pastora donde se halla un zoológico colapsado. Amén de los abusos –tolerados– y descuidos –voluntarios– en torno al abasto del agua y los usos de territorios protegidos. Si bien como en otras partes y por efecto del capitalismo salvaje y el Covid, las áreas de salud y educación mostraron la ausencia de sensibilidad y compromiso social del gobierno estatal.

A ello se agrega una injustificada sobredeuda pública y el aventurerismo político en el intento de impedir a toda costa el triunfo de López Obrador en la elección presidencial de 2018.

El 4 de octubre se inició el nuevo gobierno encabezado por Samuel García, político sin experiencia en la administración pública y llegado al poder mediante una campaña basada en golpes propagandísticos y mucho dinero.

Si alguien quisiera saber sobre la narrativa de García tendría que conformarse con el subgénero de la ocurrencia: su antifederalismo supuestamente radical; su supremacismo regional; su cupo para todos en la política de su gobierno: “Si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución”.

Apenas se abre el telón, los hechos suelen sustituir a las palabras. En la formación del gobierno samuelista dominan los grandes empresarios. El director de la Coparmex es el secretario de Economía y uno de los tres supersecretarios de su gabinete llamado de Generación de Riqueza Sostenible. Bajo su responsabilidad estarán las secretarías de Trabajo, Desarrollo Regional y Agropecuario, Movilidad, Turismo y Medio Ambiente. No se necesita mayor información para saber bajo qué subrayado de dominio estarán los trabajadores.

En la Secretaría General de Gobierno despachará Javier Navarro Velasco, quien era, hasta su nombramiento, presidente del Consejo Cívico de las Instituciones, una de las organizaciones civiles controladas por los empresarios. Se ha especializado en arbitraje nacional e internacional y en el litigio de bancarrotas y procedimientos comerciales. Tendrá bajo su responsabilidad, en el “gabinete” de Buen Gobierno, las secretarías de Participación Ciudadana, Tesorería, Administración, Contraloría y la Secretaría de Seguridad.

Martha Herrera es la secretaria de Igualdad e Inclusión. Ha participado en puestos directivos en Cemex, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León y el Consejo de Nuevo León, hegemonizado por hombres de las grandes empresas en el estado. Ella ha dicho: “a mí me gusta tener proyectos a largo plazo que transformen; necesitaba ir más allá y lograr algo con los empresarios”. Sin duda lo ha logrado. Las secretarías de Educación, Salud, Mujeres y Cultura se hallarán bajo la supersecretaría que ella controla: Igualdad para todas las personas.

O sea: la igualdad unilateral del gobierno de García.