Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, reinstalaron ayer el plantón frente al Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, a 11 días de haberse retirado y luego de que –denunciaron– las autoridades estatales y federales incumplieron el compromiso de garantizar un retorno seguro a su comunidad.

Se trata de un grupo de alrededor de 60 personas que forman parte de las 143 familias indígenas triquis desplazadas desde el 26 de diciembre pasado del poblado ubicado en la región de la Mixteca, debido a que fueron agredidos por otro un grupo de la misma etnia, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult).

De hecho, el pasado 26 de julio, los 503 desplazados habían levantado el plantón que durante siete meses mantuvieron sobre avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, tras haber llegado a un acuerdo con las autoridades.

Con esta expectativa, llegaron el 27 de julio a Yosoyuxi, Oaxaca, donde se mantuvieron. Sin embargo, por incumplimiento del protocolo de seguridad, 11 días después decenas de triquis regresaron a la capital e instalaron nuevamente sus casas de campaña y lonas para continuar de manera indefinida el plantón, hasta que se fije una fecha para su retorno.

En entrevista, Horacio Santiago, del Multi, quien ha acompañado a las víctimas, explicó que el regreso “se vio frustrado”, debido a que el acceso a la comunidad en Oaxaca “fue bloqueado por un grupo de personas militantes del Mult y paramilitares, que son el brazo armado de esta organización, encabezados por Emelia Ortiz García, dirigente de esta organización y a la vez suplente de la diputada federal de Morena, Beatriz Pérez López”.

Además, refirió, los miembros del Mult dijeron que no iban dejar entrar a los indígenas, “a menos de que fuera bajo sus condiciones”. Éstas consistían, explicó, en que iban a ingresar a la comunidad de cinco en cinco, pero tienen que afiliarse a su organización y luego pagar una multa de 200 mil pesos por cada casa que instalen las familias.

Además, añadió, pidieron que sólo ingresaran personas “que ellos iban a seleccionar”; de las 143 familias sólo 70 podían hacerlo. Las demás “estaban vetadas porque son los que están denunciando y los ven como conflictivos”.