Sin lugar a dudas, el elemento fundamental de la Cuarta Transformación (4T), propuesta por el presidente López Obrador desde su campaña y ratificada a lo largo de su gobierno, es la erradicación de la corrupción con todas sus variantes. La difícil lucha que se ha dado contra este cáncer que ha involucrado a gobernantes y a los altos estratos de la sociedad mexicana, promete conformar un cambio importante que facilitará el crecimiento económico de la nación y la reducción significativa de la pobreza. Sin embargo, existirá siempre el riesgo de un nuevo retoño en el futuro y también de que ésta continúe con niveles bajos que dificulten su detección. El único medio para evitar que esto suceda, sin lugar a dudas, está en el fortalecimiento de la educación y la cultura.
Por ello, es necesario y urgente que en los tres años y medio que restan de la administración, el sistema educativo nacional desarrolle materiales, que desde los últimos grados de educación primaria hasta la media superior, ponga en acción un conjunto de programas de estudio, libros de texto y materiales diversos orientados a concientizar a las nuevas generaciones de niños y jóvenes de todas las clases sociales en nuestro país sobre la necesidad de extirpar este peligro que parece haberse adueñado de la nuestra sociedad.
Siendo la corrupción un fenómeno complejo, cuyas formas se han venido sofisticando en décadas recientes, desde las consabidas mordidas a los infractores de tránsito, como al uso indebido de la información para realizar operaciones de especulación con las tierras cercanas a las obras para construir carreteras, universidades o aeropuertos, hasta las sofisticadas “estafas maestras” y las compras de votos para alterar los resultados electorales, realizados por las últimas administraciones gubernamentales, será necesario desarrollar programas de estudio para que en las escuelas normales y en las universidades pedagógicas, los maestros comprendan y puedan enseñar a las nuevas generaciones, los terribles daños que la corrupción puede y ha causado a nuestra nación y a los grupos humanos más vulnerables de la población.
De igual manera, los maestros que hoy en día están frente a grupo, deberán ser convocados a tomar cursos sobre estos temas y sobre la forma en que ellos deberán presentarlos a sus estudiantes, de acuerdo con sus edades y niveles de desarrollo.
Hoy resulta vergonzoso que en los libros de texto gratuitos, en primer lugar los de historia nacional, no exista referencia alguna a este terrible flagelo, a la corrupción que tanto daño a hecho al país, que ha ido creciendo año con año y cuyo desarrollo pareciera ser paralelo a los de las ciencias y la tecnología. Por ello, resulta necesaria la inclusión de este tema en los libros de texto y materiales educativos desde el cuarto año de primaria hasta el tercer grado de bachillerato. Seguramente muchos serán quienes opinen que tales contenidos habrán de constituir una vergüenza para nuestro país, al poner al desnudo estas prácticas que han sido comunes en él, sin embargo, deberíamos considerar que, por el contrario, ello haría que otras naciones, tanto de América como de otras regiones del mundo seguirían nuestro ejemplo, comenzando a exhibir sus propias lacras para dejar atrás estos tiempos en que la corrupción ha conformado los daños y peligros mayores para la existencia misma de esos países.
En los actuales planes de estudio y durante los años recientes, el tema del pensamiento crítico ha estado presente como una de las metas a lograr en la formación de nuestros estudiantes por parte de sus maestros, sin embargo, en ningún lado se ha indicado a éstos cómo presentar este importante tema. Hoy no debemos tener duda de que la corrupción es el ejemplo más palpable e importante a discutir en las escuelas, como muestra de lo que es el pensamiento crítico, sin ignorar, desde luego, que hay una gran variedad de temas que se podrían exponer con este mismo enfoque, pero al final el tema central terminará siendo el de la corrupción.
Un ejemplo de ello podría ser el análisis crítico del artículo 37 de la Constitución de 1917, hoy vigente, que a la letra dice: “el Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente –en los recesos de aquél– el siguiente juramento: “protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión, y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”. La crítica que podemos hacer y se ha hecho a este artículo constitucional, es que en ninguna parte del documento, ni en sus leyes secundarias, se indica cómo es que la nación le puede demandar al Presidente en funciones un acto o conjunto de actos que violen este juramento. Siendo por ello que la protesta de los gobernantes se ha convertido en un mero ritual, con resultados desastrosos, ya que desde 1917 a la fecha ningún Presidente de la República ha sido demandado por la nación, aunque muchos de ellos hayan robado, asesinado o incluso hayan sido cómplices de delitos graves que implican comportamientos que puedan ser calificados como corruptos o criminales.
* Director del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
