Los legendarios combatientes sandinistas Dora María Téllez y Hugo Torres, así como la activista Ana Margarita Vijil, fueron apresados ayer por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, donde habrá de realizarse un proceso electoral de sucesión presidencial este año.
En días anteriores, la policía de Nicaragua encarceló a los principales aspirantes opositores a la presidencia, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro García, así como a media docena de líderes disidentes, algunos de los cuales se encuentran con paradero desconocido.
Todos ellos fueron detenidos por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación”.
Las acusaciones resultan absurdas si se considera que los afectados han venido desarrollando su actividad política en el contexto de la legalidad y la han orientado a la participación electoral, y resultan grotescas en el caso de dirigentes históricos del sandinismo como Dora María Téllez quien, por serlo, fue incluida en una lista de “terroristas” por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush.
La razón real de la persecución es, en cambio, el afán de Ortega y de su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, de ir a unas elecciones sin oposición con el fin de perpetuarse y prolongar su estadía en un poder que ostenta desde hace varios años las características del autoritarismo corporativo.
Una cruel paradoja de la historia es la paulatina transformación de Ortega –quien fue un gobernante progresista y democrático en la época de la Revolución Sandinista, entre 1979 y 1990– en una figura semejante al dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado precisamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y con el que se cerró un ciclo de dictaduras dinásticas que comenzó en 1937.
Cuando el FSLN fue derrotado en las urnas en 1990, Ortega pasó a la oposición política y volvió a la presidencia en enero de 2007, aliado esta vez con sectores de la derecha y con un programa regresivo en el ámbito de los derechos reproductivos.
Relecto en 2011 y en 2016, enfrentó de manera autoritaria y represiva las protestas sociales que comenzaron dos años más tarde y dejaron un saldo de alrededor de 300 víctimas mortales.
Así, el régimen autoritario de Ortega-Murillo se asemeja más a la dictadura somocista que al gobierno revolucionario que le sucedió y en Nicaragua, hoy por hoy, la democracia es sólo una aspiración.
