Caló hondo la denuncia del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien subrayó que para decomisar precursores de drogas y otras menudencias (concretamente en el puerto de Manzanillo, Colima), “hay que hacerlo paso a paso, bien fiscalizado y judicializado, porque si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, se nos van”. Y fue más allá: “hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención”.

De inmediato brincó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, quien aseguró que “la función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia”.

Qué bueno, pero si bien el almirante Ojeda Durán no descubre el hilo negro, el posicionamiento del ministro Zaldívar no responde a la denuncia del secretario de Marina. Lo primero, porque es de todos conocido y padecido cómo, de siempre, no pocos jueces dejan en libertad a todo tipo de fauna relacionada con el crimen organizado (incluido el de cuello blanco). Además, hasta donde se sabe, el tráfico de drogas y de precursores para elaborarlas no forman parte precisamente de los “derechos humanos”.

Peor aún, el mensaje del ministro Zaldívar ni lejanamente responde al señalamiento concreto de Ojeda Durán de que “hay muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención”.

De hecho, en la mañanera de ayer, en la que el titular de Marina se pronunció en el sentido referido, el presidente López Obrador subrayó la necesidad de que México cuente con “una Suprema Corte de Justicia, no de una Suprema Corte del Cohecho o de lo chueco” (tampoco desmintió al almirante Ojeda Durán), e informó sobre las reuniones que ha sostenido con integrantes de la SCJN (concretamente con los ministros Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara y el propio Arturo Zaldívar), porque “es muy importante que se dé esta comunicación; pertenecemos a poderes autónomos, pero formamos parte del Estado mexicano y hay asuntos que requieren de una atención de Estado”, como en el caso Ayotzinapa en el que “trabajamos de manera conjunta fiscalía, Poder Judicial y Poder Ejecutivo”.

Pero esa “comunicación” también incluye otro caso “que a nosotros (Presidencia de la República) nos importa mucho que ellos conozcan de manera directa; por ejemplo, nos importa mucho que sepan por qué la ley eléctrica o la de hidrocarburos. Nos rechazaron (dos jueces: Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza) una ley para la seguridad de las líneas de transmisión (eléctrica) y lo hicieron sin tener todos los elementos, yo diría beneficiando, privilegiando el interés personal, el interés individual, el interés privado”.

Con la “reforma” energética de Peña Nieto, detalló López Obrador, “se elevó a rango supremo el interés privado y no puede ser así, porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública y encargada de la distribución de la energía eléctrica. Un ministro de los que no nos ven con buenos ojos decidió rechazar nuestra propuesta de dar seguridad a las líneas garantizando el interés general, pero como en los últimos tiempos predominó la política neoliberal y no les importaba el interés público, sino los intereses particulares, pues por eso yo prefiero informarles (a los integrantes de la SCJN) de qué se trata; no vamos a defender facciosamente intereses particulares que afecten el interés público”.

Entonces, muy lejos está el Poder Judicial de la perfección que presume.

Las rebanadas del pastel

A partir del primer día de 2022 un altísimo funcionario del mundillo financiero del sector público deberá buscar chamba, porque entre los planes presidenciales no está el de promoverlo para un nuevo periodo al frente de la institución que aún encabeza. Se trata del itamita Alejandro Díaz de León, quien en tan solo dos años registró un meteórico ascenso: director general del Bancomext, subgobernador y gobernador del Banco de México. Sin demeritar sus conocimientos, lo anterior sólo fue posible por un factor: su cercanía con Enrique Peña Nieto.