Washington. El presidente estadunidense, Joe Biden, levantó ayer las sanciones impuestas por su antecesor Donald Trump a dos altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), con lo que anuló una de las medidas más agresivas del gobierno previo contra instituciones y funcionarios internacionales.
El secretario de Estado, Antony Blinken, resaltó que Estados Unidos sigue en desacuerdo con algunas decisiones de la corte, con sede en La Haya, que procesa causas de genocidio y crímenes contra la humanidad y de guerra. “Sin embargo, creemos que nuestras preocupaciones sobre esos casos se resolverían mejor” mediante la diplomacia y “no imponiendo sanciones”, escribió Blinken.
La anulación de las sanciones es el indicio más reciente de que el gobierno de Biden planea regresar al enfoque multilateral. El gobierno de Trump sacó a Estados Unidos de numerosas instituciones y acuerdos internacionales, y criticó duramente a otros, diciendo que trabajaban contra los intereses estadunidenses.
Desde que Biden llegó a la Casa Blanca, su gobierno se ha reintegrado a la Organización Mundial de Salud, renovado contactos con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y regresado al acuerdo climático de París, y el viernes inició conversaciones dirigidas al regreso al acuerdo nuclear con Irán. Trump se había retirado de todos.
El tribunal en La Haya fue creado para procesar a personas que cometen crímenes de guerra y contra la humanidad en casos en los que no existen sistemas judiciales adecuados. Estados Unidos no es uno de los 120 países miembros de la CPI, que comenzó sus operaciones en 2002, por el temor de que pudiera ser utilizada para juicios políticamente motivados de militares y funcionarios estadunidenses.
Diversos grupos de derechos aplaudieron el viernes a Biden por desechar las penas de Trump, pero lo exhortaron a ir más allá, apoyando el trabajo del tribunal y convirtiendo a Estados Unidos en país miembro.
Trump impuso castigos a la fiscal Fatou Bensouda y al jefe de jurisdicción de la corte, Phakiso Mochochoko, por proceder con investigaciones hacia Estados Unidos y sus aliados, notablemente Israel, por acusaciones de crímenes de guerra. Las medidas incluían prohibición de viajes, congelación de bienes y la consideración de penalizaciones a quienes les dieran “apoyo material”.
Las sanciones fueron condenadas enérgicamente por la corte internacional, así como por numerosos estados miembros de la CPI y grupos de derechos humanos.
