Sigamos con la transición energética. Y es que las estimaciones oficiales de agencias y organismos internacionales sobre emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) –exclusivamente por concepto de consumo de crudo y petrolíferos, gas natural y carbón– son de 34 mil millones de toneladas equivalentes de CO₂ al año.
Sí. Nuestra matriz energética sigue siendo muy contaminante. Por eso la urgencia de una transición hacia una nueva más y más y más y más limpia, permítaseme escribirlo así. Además del volumen de GEI, la generación de electricidad –que por el momento sólo resuelve la quinta parte de los requerimientos de energía útil– es responsable de 40 por ciento del total de emisiones equivalentes de CO₂. Sólo la generación a carbón representa 30 por ciento de las emisiones totales por consumo de fósiles. ¡Impresionante!
Esa participación de la electricidad con fósiles debe disminuir si se desea enfrentar seriamente –como debe de ser– el delicado y grave problema del cambio climático.
Son cuatro los mecanismos que permiten esa disminución: 1) mayor eficiencia en generación y consumo de electricidad; 2) desarrollo de energía nuclear; 3) sustitución de petrolíferos y a carbón –menos eficientes y más contaminantes– por generación a gas natural; 4) impulso a renovables, eólica y fotovoltaica sin duda, pero no solamente.
Hay un consenso: las alternativas más viables y menos controvertidas son el incremento de eficiencia y el impulso de generación eólica y fotovoltaica. También hay consenso: la incorporación de renovables es irreversible, sin ingenuidad ni demagogia, indicando sus problemas y estableciendo una adecuada ingeniería económica y de costos. La sociedad debe conocerla, en el marco –incuestionable– de una electrificación creciente. Sí. Para atender todos los requerimientos de energía útil, pero la nueva normalidad que se irá imponiendo, no sólo por la protección y superación de la pandemia, sino por la protección y superación del cambio climático, lo obliga.
Podrán y deberán discutirse –una vez evaluadas las experiencias propias y ajenas– los esquemas de organización industrial y social requeridos, así como sus bases regulatorias, jurídicas y constitucionales más adecuadas. Sin dudar de los criterios rectores. Nunca. Nosotros, en particular, tenemos una tradición constitucional en el 27 muy clara. Se manipuló muchas veces. Pero… Sí, se trata de dar un óptimo servicio público de electricidad. Seguro, confiable, de calidad y –hoy como nunca– limpio.
Intereses particulares legítimos no pueden ir por encima de intereses generales muchísimo más legítimos. Pero, además, se trata de lograr todo lo anterior al menor costo a largo plazo, dicen los técnicos. Esto obliga a identificar nítidamente los requerimientos técnicos necesarios para la incorporación obligada de alternativas y sus costos asociados; en este caso de energías renovables. ¿Cuáles? Costo del control específico de su variabilidad y su intermitencia. Consecuentemente, costos del despliegue óptimo del necesario respaldo. También, consecuentemente, costos de la configuración y fortaleza necesarias de las redes de transmisión y de distribución. La estrategia de electrificación creciente es obligada. Y la profundización de las renovables en su mezcla de generación también. Pero cumpliendo las condiciones señaladas. De veras.
