Pese a haber sido apresada hace tres años por delitos de daño ambiental, fraude y despojo, entre otros, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, estableció acuerdos con Rosa María Ayala Sánchez, una de las dirigentes del predio La Angostura, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

En una asamblea con sus agremiados en la que estuvo presente el funcionario, menciona que Cravioto admitió que “fui acusada injustamente de un delito ambiental que no cometí”, y agregó: “aquí el secretario dijo ‘es otro gobierno, estamos dispuestos a pedir una disculpa pública’”.

En el video aparece también el titular de la demarcación, Javier López Casarín, y su coordinador de asesores, Héctor Hernández Llamas, a quien Ayala Sánchez señala como su “interlocutor”; lo conoció en 2010, cuando éste se desempeñó de subsecretario de Coordinación Metropolitana y negoció con los grupos opositores a la construcción de la Supervía Poniente, entre ellos habitantes de La Angostura, debido a que una parte del asentamiento fue desalojado para realizar la obra.

La mujer fue detenida el 30 de noviembre de 2022 acusada por el mismo gobierno de la ciudad tras haber invadido 11 hectáreas del área natural protegida fuera del polígono expropiado en 2010 para su regularización; salió libre seis meses después, mediante un amparo que obtuvo con apoyo legal de la entonces alcaldesa panista Lía Limón.

En esa asamblea, la dirigente criticó la entrega de 73 escrituras que realizó el 19 de julio del año pasado el entonces jefe de Gobierno Martí Batres a habitantes del predio que pertenecen a grupos disidentes a su organización, al asegurar que se hizo “sin requisito alguno”.

En su mensaje, refiere que conoció muy joven a la hoy jefa de Gobierno, Clara Brugada, en algunos foros y en visitas a proyectos de vivienda de otras organizaciones. “Ahora llegó el momento de rencontrarnos”, y preguntó a la asamblea: “¿vamos a trabajar y vamos a respetar a este gobierno?” “¡Si!”, avalaron sus agremiados con la mano alzada y aplausos.

Aunque en su mensaje se comprometió a “no tocar un solo metro de la reserva ecológica”, apenas en junio pasado la dirección general de inspección y vigilancia de la Secretaría del Medio Ambiente instaló sellos de clausura en construcciones ubicadas dentro del área natural protegida.

Desde hace tres meses, a los habitantes del predio se les cortó el suministro de agua, que atribuyen a obras para ampliar la red; sin embargo, se realizan en la parte del asentamiento irregular controlado por Ayala Sánchez, como el andador Río Izmapala y el abastecimiento se realiza con pipas que envía la alcaldía e ingresan al predio con la matrícula cubierta.