La secretaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso capitalino, Yuriri Ayala Zúñiga, consideró necesario revisar el marco legal para que se aplique cuando haya actos de violencia y agresiones contra personal de las corporaciones de seguridad ciudadana durante las manifestaciones públicas, pero aclaró que cualquier discusión al respecto “debe partir de un principio claro: nunca criminalizar la protesta, sino asegurar que las manifestaciones sean espacios seguros y pacíficos”.

A partir de los actos violentos del llamado bloque negro, se ha presentado hasta el momento una iniciativa del PVEM para incrementar las sanciones administrativas por acciones que atenten contra la dignidad de los policías y triplicar las penas aplicables a quienes cometan violencia física en su contra.

Garantizar la integridad

Ayala señaló que siempre ha defendido firmemente el derecho a la libre manifestación como un pilar democrático que en la Ciudad de México ha sido protegido durante años, “pero los representantes populares también tenemos la responsabilidad de garantizar la integridad de todas las personas, de quienes protestan y de las y los policías”.

Si bien dijo que la ley ya aplica sanciones para conductas violentas, es válido analizar si el marco actual responde a las nuevas dinámicas sociales.

“La violencia contra policías o manifestantes no puede normalizarse y estamos abiertos a revisar y dialogar con todas las voces: colectivos, organizaciones de derechos humanos y autoridades. Si existen vacíos legales, atenderlos con perspectiva de derechos y si el marco es suficiente, fortalecer su aplicación.”

La iniciativa del Verde plantea elevar la sanción prevista en la fracción XI del artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica: “Vejar, intimidar, maltratar físicamente o incitar a la violencia contra un integrante de las instituciones de seguridad ciudadana”.

Tiene una sanción de 20 a 36 horas inconmutables de trabajo en favor de la comunidad, las cuales propone modificar con arresto de 12 a 20 horas o multa equivalente de 10 a 30 UMA (mil 131.4 a 3 mil 394.2 pesos a su valor vigente) o de 40 y hasta 72 horas inconmutables de trabajo en favor de la comunidad, según la gravedad del hecho y las circunstancias en que se hayan cometido.

En el caso de la sanción penal, reforma el artículo 289 del código que impone de uno a tres años de prisión a quien “cometa un delito en contra de un servidor o agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas”, adicional a la pena que corresponda por el delito cometido.

El proyecto eleva dicha sanción adicional de tres a nueve años, además de 100 a 200 días de multa y “si la conducta implica violencia física o lesiones a la autoridad, la pena podrá aumentarse hasta una mitad más”.