El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer una propuesta de su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, que, a consideración del resto de ministros, abría la puerta a que se puedan impugnar sus propias sentencias, es decir, un asunto ya juzgado por el alto tribunal.

Aguilar Ortiz presentó un proyecto en el que calificó de “ilegal”, por no haberse seguido el procedimiento correspondiente, el voto de calidad que en 2024 emitió el entonces presidente de la segunda sala, Alberto Pérez Dayán, y que permitió otorgar el primer amparo a empresas privadas que tumbó la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el ex presidente López Obrador.

“Hago énfasis en que en la anterior integración, en este caso de la segunda sala, se apartaron del mandato legal para emitir un voto de calidad que definió una ley de importancia en la vida pública de nuestro país y en el funcionamiento de la industria eléctrica”, planteó Aguilar.

La resolución del proyecto declaraba “infundado” el recurso por carecer de efectos prácticos, ya que las sentencias se cumplieron, la LIE fue abrogada y la primera y segunda salas de la Corte desaparecieron.

Sin embargo, una mayoría de seis ministros votó por declarar “improcedente” el recurso de la Presidencia de la República, pues al declararlo “infundado” significa aceptar que procede impugnar sentencias de la Corte.

Recurso improcedente

“La consecuencia última de reconocer la procedencia del recurso de reclamación contra la emisión del voto de calidad equivale a reconocer la posibilidad de impugnar la sentencia, dado que en caso de ser fundados los agravios el asunto se revisaría para una nueva votación con la oportunidad de cambiar el sentido del fallo”, expuso Irving Espinosa Betanzo.

El debate de ayer cobró relevancia porque Lenia Batres prepara un proyecto sobre si la Corte puede revisar sentencias de sus extintas salas. Sobre el proyecto de Aguilar, la ministra sostuvo que el recurso de reclamación no procede contra un voto de calidad, pues constituye una decisión de fondo.

“Estaríamos abriendo la posibilidad de que fueran impugnables los procesos de votación de este órgano colegiado”, dijo.

En el mismo sentido se pronunciaron los ministros Sara Herrerías y Giovanni Figueroa.