Washington. Una multitud marchó ayer en Nueva York por Park Avenue, se dirigió a Billionaires Row en dirección a la Torre Trump para exigir un alto a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, el cese el fuego en Gaza, justicia climática, democracia, libertad de expresión, igualdad de género y “que los millonarios paguen más”.

Las pancartas y causas para salir a las calles fueron diversas, pero entre los asistentes destacó un tema común entre todos esos problemas: que una pequeña élite de ricos y poderosos prioriza consistentemente las ganancias sobre la vida de los estadunidenses.

En contraparte, el Departamento de Seguridad Interior (DHS) advirtió a Nueva York, California e Illinois, los llamados estados santuario, que cooperen con el gobierno federal en la deportación de inmigrantes indocumentados que son liberados de prisión tras cumplir condenas por delitos, de lo contrario, enfrentarán demandas y recortes presupuestarios si se niegan.

La secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, informó que el departamento envió la semana pasada cartas a los fiscales generales demócratas de los tres estados para exigir su colaboración con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en su programa contra los migrantes.

Illinois y Nueva York se negaron a informar al ICE sobre el momento en que las personas son puestas en libertad tras permanecer en la cárcel, para ser transferidos a la custodia de la agencia y ser expulsados. California no respondió a la solicitud.

El presidente Donald Trump lanzó una agresiva campaña contra los migrantes tras su regreso a la Casa Blanca en enero. El magnate desplegó tropas dentro del país con el objetivo de cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de extranjeros con residencia irregular en Estados Unidos.

“Estas peligrosas políticas de santuario, a menudo combinadas con fianzas sin efectivo para delitos graves, permiten que inmigrantes ilegales criminales sean liberados y regresen a las comunidades estadunidenses, lo que amenaza la vida y el bienestar del pueblo”, declaró McLaughlin.

La funcionaria agregó que el ICE envió antier cartas de seguimiento a los tres estados para informarles que buscaría asistencia del Departamento de Justicia y otros socios federales para garantizar la cooperación de las entidades.

La oficina del fiscal general de Illinois se negó a aceptar la carta y apuntó que las políticas de ese estado han impedido la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.

McLaughlin afirmó que hasta ahora el DHS había arrestado a más de 400 mil inmigrantes sin papeles, de los cuales, según ella, “70 por ciento tenían cargos o condenas penales”.

Altos funcionarios del DHS informaron a CBS News que esa dependencia recurrirá al Departamento de Justicia para demandar a los estados, y bloquear el financiamiento federal futuro.

California, por otro lado, se convirtió en el primer estado en prohibir que la mayoría de las fuerzas del orden, incluidos los agentes de inmigración, cubran sus rostros cuando realizan actividades oficiales, según un proyecto de ley firmado por el gobernador Gavin Newsom.

La prohibición es la respuesta directa del gobierno demócrata a la reciente serie de redadas antimigrante en Los Ángeles, donde los agentes del ICE usaron máscaras al realizar arrestos masivos. La persecución detonó una protesta de varios días en toda la ciudad e hicieron que el presidente desplegara tropas de la Guardia Nacional y marines en el área.

En una conferencia de prensa en Los Ángeles, donde firmó la ley flanqueado por legisladores estatales y miembros de la comunidad inmigrante, Newsom subrayó que ese estado es único en el sentido de que 27 por ciento de sus residentes nacieron en el extranjero.