La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este martes, en su última sesión con la actual integración, al menos 98 proyectos de juicios de inconformidad que impugnan la elección de dos magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. No obstante, se espera que la mayoría sean desechados por falta de legitimación de los promoventes.

Hasta la tarde del lunes, la Corte había notificado haber recibido 144 juicios de este tipo presentados por ciudadanos, ex candidatos, asociaciones civiles y los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI). Todos deben resolverse antes del 31 de agosto.

En la lista de asuntos del pleno para hoy están registrados 98 proyectos de nueve ministros, aunque podrían sumarse más. Estas impugnaciones cuestionan los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que validaron la elección y la entrega de la constancia de mayoría a Gilberto de Guzmán y Claudia Valle como magistrados electos de la sala superior.

Uno de los recursos fue promovido por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, junto con otros miembros de su partido. En su demanda solicitan “la nulidad de la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por existir irregularidades graves e irreparables durante la etapa preparatoria y la jornada electoral que influyeron en los resultados, y en consecuencia, la anulación de los acuerdos del Consejo General del INE que declararon la validez de dicha elección”.

En los últimos días, la Corte dio trámite a 142 juicios de inconformidad. De éstos, uno fue promovido por Iván Bravo, ex representante del PAN en Durango, y fue resuelto en apenas tres minutos con la unanimidad de 10 votos en la sesión del pasado lunes.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo explicó que la ley sólo permite estos juicios a quienes integraron la lista de candidaturas para la elección del 1º de julio.

Bravo promovió el juicio como aspirante a magistrado de circuito con el argumento de que su exclusión de la lista publicada por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo le causó un perjuicio jurídico.