Al subrayar que su gobierno se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que las decisiones judiciales sobre los narcotraficantes mexicanos detenidos en Estados Unidos corresponden únicamente a ese país.

En su conferencia en Palacio Nacional, a la mandataria se le preguntó sobre el anuncio de la fiscalía estadunidense de no solicitar la pena capital contra Ismael El Mayo Zambada García, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, que están bajo custodia en Washington por cargos de narcotráfico.

Nosotros estamos en contra de la pena de muerte. No importa el delito, no es algo con lo que coincidimos. Todos los tratados de extradición establecen que no puede haber pena de muerte; es parte de la política mexicana, subrayó.

Sheinbaum aclaró que su gobierno no participa en los acuerdos que pueda hacer el Departamento de Justicia de Estados Unidos y dijo desconocer si hay negociaciones similares a las del caso de Ovidio Guzmán. No tenemos información sobre algún tipo de acuerdo, y si lo hay, es una decisión del gobierno de ese país, afirmó.

Hizo incapié en que México seguirá cumpliendo con los tratados de extradición, siempre que se respete la legislación nacional y agregó que cualquier acción estará enfocada en beneficiar al pueblo de México.

Por otro lado, Sheinbaum fue consultada por supuestas llamadas de la embajada de Estados Unidos a asesores políticos mexicanos para indagar sobre la presencia política del ultraderechista Eduardo Verástegui. No me consta que eso esté ocurriendo. Con nosotros, el embajador (Ronald Johnson) ha sido muy respetuoso, respondió.

Expresó que en México el pueblo manda y que los cargos de elección popular dependen exclusivamente de la voluntad ciudadana y que su gobierno no tiene indicios de injerencia de Washington en la política interna.