La agente del Ministerio Público Rocío Hidalgo Gómez acató una instrucción irregular de la fiscal de acusación y enjuiciamiento del Reclusorio Oriente, María Isabel González Chávez, para formular una nueva acusación, bajo el criterio de grado de culpabilidad máxima, contra una madre a la que le fueron arrebatados sus cinco hijos, Maha Schekaiban Tohme, lo cual también le implicaría una pena de 36 años de prisión y la pérdida de la patria potestad.

La funcionaria y la fiscal retomaron la acusación del padre de los menores, Bernardo Vogel, contra su ex esposa de ejercer violencia en agravio de las cuatro niñas y el niño, contraviniendo los dictámenes y peritajes emitidos anteriormente por varias instancias de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que señalan que no hay evidencia de actitudes violentas de la mamá, pero sí pruebas de alineación parental y conductas violentas del padre, un rico industrial.

Schekaiban ha estado privada del derecho de ver y convivir con sus hijos desde hace año y medio.

Apenas el 25 de mayo, a petición de un Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, se llevó a cabo una última evaluación a la acusada. Se determinó que Maha Schekaiban no presenta características sicológicas ni comportamentales compatibles con un perfil de generadora de violencia familiar en agravio de sus hijos. Concluye también que se observan intentos reiterados de proteger a sus hijos de dinámicas violentas y de preservar la convivencia familiar dentro de marcos estructurados.

Manipulación del padre

En consecuencia, el área de judicialización de la FGJ levantó la prohibición que se le había impuesto a la madre a contactar, comunicarse, ver y convivir con sus hijos el pasado 29 de mayo.

Ese mismo dictamen, emitido en mayo, concluye que la conflictividad familiar está fuertemente marcada por un patrón de violencia de género ejercido por el ex cónyuge Bernardo Vogel y que los comportamientos agresivos de los hijos hacia su progenitora, demostrados dentro de la carpeta de investigación, no son producto de una reacción a una presunta violencia materna, sino deuna dinámica de manipulación, desautorización y desvalorización materna sostenida por el padre.

La carpeta de investigación en contra de Maha Schekaiban (CI-FIDCANNA/59/UI-1 C/D/267/01-2024) podría llevar a la cárcel a una madre víctima de violencia vicaria, mientras el perpetrador de esta alienación parental, Vogel de Castro, que alejó del hogar materno a los cinco menores de entre 14 y ocho años de edad, tiene pendiente una acusación de su ex esposa (carpeta CI-FIDVF/75/UI-7 S/D / 00369/01-2024). En año y medio las autoridades judiciales no han realizado ni siquiera la audiencia inicial, misma que se ha suspendido ya en 13 ocasiones.

Bernardo Vogel es ejecutivo del Grupo Collado, que dirige su padre, Guillermo Vogel Hinojosa, y es líder en la industria del acero. Este último es vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) y sostiene relaciones cercanas con el poder político. Asiste a reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y con la presidenta Clau-dia Sheinbaum.

A pesar de que en abril, recién llegada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde destituyó a los fiscales de violencia familiar y de violencia contra niños, niñas y adolescentes, Rosalba Barrera y Miguel Ángel Barrera, acusados de corrupción e irregularidades en casos emblemáticos de violencia vicaria contra mujeres, el caso Schekaiban vs Vogel volvió a sufrir un retroceso con las decisiones recientes de la fiscal y la agente del Ministerio Público de los tribunales de Santa Martha Acatitla.

La formulación de la nueva acusación del Ministerio Público, además de pedir la máxima pena de prisión y demandar la pérdida de la patria potestad y tutela, exige que se le vuelvan a poner órdenes de restricción a la madre e impedir que se acerque a sus hijos. Asimismo, la condena a pagar los gastos de las sesiones sicoterapéuticas de los menores y del padre, por aproximadamente 80 mil pesos.

Schekaiban sostiene que ambas servidoras públicas acatan órdenes y consignas de la influyente familia Vogel. Refirió a este diario que la fiscal de acusación González Chávez hace meses dio la instrucción de que se extraviara mi carpeta de in-vestigación para privarme de mi derecho a defenderme.

En agosto de 2024 Schekaiban Tohme fue vinculada a proceso por el juez José Alfredo Sotelo Llamas. Existen indicios de que Guillermo Vogel confesó en privado haber pactado la vinculación a proceso de su nuera aun conociendo su inocencia.

Hago un llamado a la fiscal Bertha Alcalde, la secretaria (de las Mujeres), Citlalli Hernández, y la jefa de Gobierno (de la Ciudad de México), Clara Brugada, para que tomen cartas en el asunto, que sepan los nombres y las caras de los servidores públicos serviles que siguen destrozando la procuración de justicia en el país sirviéndole a empresarios millonarios como Bernardo y Guillermo Vogel, pidió Schekaiban.