l pasado fin de semana tuvo lugar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, un episodio vergonzoso: elementos del 16 Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército Mexicano trataron de darse a la fuga a bordo de dos patrullas después de despojar de teléfonos celulares, mil dólares y 50 mil pesos a tres jóvenes, en el marco de lo que debía ser una inspección de rutina.

El padre de uno de los muchachos informó inmediatamente del hecho por medio de redes sociales, ante lo cual centenares de personas participaron en la persecución de los uniformados, los cuales, en su intento por huir, subieron sus vehículos a camellones y causaron accidentes de tránsito, incluido un choque con la camioneta del denunciante.

Posteriormente, el comandante del 16 Regimiento, el coronel David González Carrasco, se presentó –en estado etílico, según testimonios ciudadanos– al sitio donde sus efectivos se encontraban retenidos y buscó negociar la devolución de los bienes robados.

El abuso de autoridad y el intento de despojo serían repudiables en sí, pero si es cierto que, como lo afirmaron varios civiles, forma parte de un patrón constante, el hecho debe ser tomado por los mandos castrenses como una señal de alerta que debe llevar al establecimiento de mecanismos de control más estrictos sobre el desempeño de los uniformados en tareas de seguridad pública.

Lo anterior resulta particularmente necesario si se considera que recientemente el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional, así como leyes y reglamentos que redefinieron las funciones del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Guardia Nacional y sus facultades como garantes de la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública a nivel federal, y que sucesos, como el referido, desvirtúan la tercera de esas tareas.

Cabe preguntarse, por otra parte, si la instalación de puestos de revisión a civiles por parte del Ejército Mexicano no es, en ese nuevo marco legal, una tarea que debería corresponder más bien a la Guardia Nacional.

No debe olvidarse que, según diversas mediciones, las fuerzas armadas se encuentran entre las instituciones del Estado mejor evaluadas por la ciudadanía y de las que gozan de mayor confianza. Si se relajan los controles y la disciplina y se abre un margen para el atropello y el abuso, así sea en ámbitos regionales, esa apreciación se verá afectada y, con ella, la lucha por el pleno restablecimiento de la seguridad ciudadana y de los esfuerzos de pacificación del país.

En lo inmediato, la situación reclama el pleno esclarecimiento de lo ocurrido, en el marco de una investigación expedita y transparente de los elementos castrenses involucrados en el incidente, y, en caso de encontrárseles culpables, la aplicación de sanciones conforme a los códigos civiles y militares. Sería trágico que episodios como el referido empañaran el prestigio de los institutos armados y el aprecio con que son percibidos por la mayor parte de la sociedad.