Chihuahua, Chih., La última vez que el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, fue inspeccionado y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), le aplicó una sanción, fue en el periodo 2020-2022. A partir de esa fecha y hasta el 27 de junio pasado, se acumularon ahí 383 cuerpos sin que hubiera verificación alguna de autoridades sanitarias.

Ese día, policías municipales encontraron de manera fortuita los cientos de restos humanos, luego de atender un reporte al número de emergencias 911 sobre un presunto asesinato. Cuando llegaron al sitio observaron la cabeza de un cadáver en un vehículo tipo carroza fúnebre, estacionado en el incinerador de la colonia Granjas Polo Gamboa.

Once días después del hallazgo de los 383 cadáveres en descomposición, algunos incluso en estado semiesquelético, la Coespris ha declinado ofrecer información sobre las verificaciones realizadas en el inmueble; tampoco ha explicado por qué sus inspectores, a lo largo de años, no hicieron más revisiones ni detectaron la irregularidad.

Incluso el 27 de junio, cuando localizaron los cuerpos, el titular de la Coespris, Luis Carlos Tarín Villamar, defendió al crematorio Plenitud y afirmó que en el lugar no había más de 60 fallecidos, justificando el hallazgo como derivado de la acumulación de trabajo.

Aseguró que el establecimiento contaba con todos las concesiones, este lugar no es un servicio clandestino, es una empresa que cuenta con todos los permisos; sin embargo, se colocaron sellos de suspensión pues fuimos notificados por la Fiscalía de Chihuahua, al incumplir las normas para disposición de restos.

Una semana después, Tarín Villamar no ha querido dar más información, con el argumento de que la investigación la efectúa el organismo; también evadió confirmar si habrá una indagatoria por corrupción contra inspectores que hayan solapado la acumulación de cadáveres.

El 2 de julio, cinco días después del hallazgo, el secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza, todavía no tenía un reporte de la Coespris. Aunque declaró a periodistas que los inspectores realizan visitas periódicas, aceptó que desconocía cuándo fue la última.

En la audiencia de vinculación a proceso penal de José Luis Arellano Cuarón y Facundo Martínez Robledo, dueño y empleado del crematorio, respectivamente, la defensa señaló como responsable a la autoridad sanitaria, ya que la última revisión fue el 7 de marzo de 2022, y no hubo otra visita después de esa fecha o una clausura que, de haberse aplicado, habría evitado la acumulación de cuerpos.

Coespris levantó actas de verificación en 2020 y 2022, las cuales dieron cuenta de 20 y cuatro restos, respectivamente, lo que iba en contra de la Ley General de Salud, que estipula que los cadáveres deben ser inhumados (enterrados), incinerados o embalsamados dentro de las 48 horas siguientes al deceso; sin embargo, la autoridad no determinó la suspensión de actividades.

Según el argumento, con el cual pretendieron obtener la libertad ambos acusados, Coespris nunca emitió recomendaciones ni sancionó al crematorio, y sus inspectores se presentaron en el lugar hasta un día después de que la Secretaría de Seguridad Pública municipal atendió el reporte del presunto asesinato y encontró los cuerpos.

Independientemente de las omisiones de Coespris, el juez de control vinculó a proceso penal a José Luis Arellano y Facundo Martínez, dictándoles medida cautelar de prisión preventiva por seis meses, como presuntos responsables del delito de ocultamiento y conservación ilegal de restos, ya que debieron notificar que se acumularon y no lo hicieron.

El juez estableció que hay una probable conservación ilícita de cadáveres, por la preservación en silencio, consciente y voluntaria de los cientos de restos humanos que se acumularon en el crematorio, que no es un depósito de cuerpos sino un espacio de transición donde se les da tratamiento de incineración.

No existe un sólo documento en que el incinerador haya informado a las autoridades sanitarias sobre el apilamiento de los cadáveres y la imposibilidad de cremarlos; además, durante tres años, Coespris tampoco buscó conocer la forma en que operaba el establecimiento.

De los 383 restos humanos que fueron escondidos, 218 son masculinos, 149 femeninos y 16 de sexo indeterminado; también hay cuatro menores, de los cuales dos son bebés, así como un niño y una niña.

Sobre la posibilidad de que haya personas desaparecidas o privadas de la vida por el crimen organizado entre los cuerpos, el fiscal César Jáuregui declaró que no vamos a descartar ninguna línea de investigación, pero hasta el momento, lo que nos está apareciendo son cadáveres con servicios funerarios, sin signos de violencia, muchos provenientes de hospitales.

Daba servicio a por lo menos 6 funerarias locales

El crematorio prestaba servicio a por lo menos a seis funerarias locales, mediante subcontratación; en todas las habitaciones del inmueble tenían restos apilados, los cuales estaban embalsamados.

Plenitud era subcontratado por diversas empresas fúnebres y entregaba cenizas, en apariencia no había nada raro, explicó el funcionario. En sólo 27 casos se conoce ya la posible identidad de los ahora occisos pues venían con la pulsera del hospital donde murieron por causas naturales.

Hemos analizado ya 148 cuerpos porque estamos haciendo una clasificación muy individualizada, para que al momento de hacer las identificaciones esto se vaya de una manera más rápida y podamos hacerlo con menos contratiempos, detalló.

Hasta el viernes anterior se han contabilizado más de 700 familias con dudas sobre las cenizas que les entregaron las funerarias, por lo que se han acercado a la fiscalía estatal distrito zona norte para pedir información.