Aunque no se han registrado deportaciones masivas desde Estados Unidos, se prevé que este panorama cambie después de julio, cuando el Congreso de ese país apruebe más recursos para su política migratoria, señaló la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Adam Isacson, director de Veeduría de la Defensa de WOLA, expuso que con el proyecto de ley de reconciliación se busca incrementar hasta seis veces la capacidad de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). De igual manera, aumentará el presupuesto para las deportaciones vía aérea, enfatizó.

No obstante, reconoció que hoy, aun sin suficiente dinero, el gobierno de Estados Unidos está creando un clima de miedo entre la comunidad migrante con la esperanza de que muchos de ellos se autodeporten y dejen de tratar de ingresar a ese país de manera irregular.

Isacson indicó que con el despliegue de agentes de la Patrulla Fronteriza y soldados de la Guardia Nacional, se tienen más de cuatro uniformados en la frontera por cada migrante capturado.

En el segundo y último día del encuentro nacional sobre migración, organizado por la UNAM, se refirió también a las deportaciones de migrantes a terceros países. En el caso de El Salvador, consideró que los traslados de venezolanos y salvadoreños al Centro de Confinamiento del Terrorismo, de máxima seguridad, podrían configurarse como desaparición forzada, pues a la fecha no se conocen los nombres de todos los detenidos ni tienen acceso a abogados.

En un informe aparte, publicado ayer, Amnistía Internacional denunció que en el Centro de Procesamiento del Servicio de El Paso, Texas, se han documentado alarmantes patrones de abusos y violaciones sistemáticas a derechos contra las personas migrantes detenidas.