De las 81 fiscalizaciones que realizó la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) a la cuenta pública 2023, se generaron 304 observaciones, de las cuales 187, es decir 60 por ciento, corresponden a anomalías detectadas en ocho alcaldías.

En el segundo informe parcial se establece que en 83 por ciento de los casos la mayoría de las recomendaciones están relacionadas con deficiencias en el incumplimiento de disposiciones legales, y en 12.8 por ciento, debilidades de control interno.

A partir de las inconsistencias se determinaron, además, 49 potenciales promociones de acciones que pueden ir desde dictámenes de presunta responsabilidad administrativa y fincamiento de responsabilidad resarcitoria, hasta denuncias de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o General de la República, según sea el caso, al presumir la existencia de actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos.

Del total de las auditorías, 50 por ciento se realizaron a adquisiciones y contrataciones; 20 por ciento se enfocaron en programas y acciones sociales; 16 por ciento se aplicaron a programas presupuestarios; 8 por ciento a obra pública, y 6 por ciento a otros rubros.

Respecto de las alcaldías, en esta ocasión se auditó sólo a ocho: Magdalena Contreras, Xochimilco, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan.

Tres acaparan

Entre las demarcaciones que más observaciones y promoción de acciones tuvieron está Gustavo A. Madero. Entre las principales irregularidades identificadas está la falta de autorización de suficiencia presupuestal para 11 programa sociales, omisiones en los procedimientos de licitación pública y falta de manifestación de no conflictos de intereses de servidores públicos para participar en dichas licitaciones, entre otras.

En Tláhuac se encontró que el número de adquisiciones rebasó 20 por ciento del volumen anual autorizado, omitió presentar justificación para un contrato de adjudicación directa y no informó de otro al comité correspondiente.

A su vez, Tlalpan se hizo acreedora a 30 recomendaciones y 11 promociones de acciones, debido a que excedió el monto autorizado por el Congreso capitalino para adjudicaciones, y las adquisiciones rebasaron 20 por ciento del volumen anual permitido.

También careció de evidencia documental que acreditara el cumplimiento de las obligaciones fiscales, federales y locales, a cargo de un proveedor, entre otras inconsistencias.