urante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) fue objeto de un saqueo y un desmantelamiento sistemáticos, que dejaron sus instalaciones y su capacidad de atender a los derechohabientes en condiciones ruinosas. Como se dio a conocer ayer en la conferencia presidencial matutina, el ataque contra el organismo respondió a la lógica neoliberal más pura: no solamente se privatizaron los servicios públicos, sino que dichas transferencias, inmorales en sí mismas, se llevaron a cabo mediante esquemas corruptos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Prácticamente todas las funciones del instituto, desde los laboratorios de análisis clínicos hasta las ambulancias y las camillas, fueron subrogadas a particulares que, en muchísimos casos, resultaron ser funcionarios públicos, políticos o sus prestanombres. La privatización silenciosa
del Issste, como la denominó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, supuso a sus beneficiarios 88 mil millones de pesos en contratos, de los cuales es imposible dilucidar qué porcentaje corresponde a sobornos, obras no realizadas, sobrecostos y otras modalidades de defraudación.
Además, a lo largo de las administraciones referidas se solapó una práctica sumamente nociva para el erario: el trámite de pensiones muy por encima de lo que marca la ley, con montos que alcanzan 273 mil pesos mensuales, y en conjunto han supuesto un quebranto de 15 mil millones de pesos. En éste, como en tantos otros perjuicios contra la nación, el Poder Judicial ha jugado un papel central, pues todos los pagos ilegales se dirimen en tribunales y son autorizados por jueces. Las otras aristas de este triángulo corrupto son los despachos de abogados que ejercen el coyotaje atrayendo a los ex trabajadores con la oferta de conseguirles pensiones superiores a las que les corresponden, así como los juristas que supuestamente defienden los intereses del Issste, pero pierden los casos de manera intencional.
A consecuencia de éstas y otras modalidades de pillaje, el instituto sufrió una grave descapitalización que lo llevó, de ser un modelo de atención sanitaria a nivel latinoamericano, a tener clínicas en las que no se había adquirido equipo nuevo en más de dos décadas; otras en las que no se compró equipo básico o especializado por 12 años, se padeció un exasperante desabasto de medicamentos e insumos esenciales; por lo demás, pasó casi medio siglo sin que se construyera un solo hospital. El gobierno actual recibió un Issste en las condiciones referidas y, para colmo, con deudas por 20 mil millones de pesos que ha tomado años cubrir.
Lo expuesto ayer obliga a preguntarse si las dimensiones del expolio a las que fue sometido el organismo no resultan mucho mayores que las conocidas, pues su decadencia generalizada deja la impresión de que apenas se vislumbra la punta del iceberg. No puede olvidarse que Calderón y Peña pusieron al Issste en manos de personajes impresentables y sin ninguna experiencia en materia de salud pública, en evidentes operaciones de reparto de cuotas y favores.
Por lo que se conoce hasta ahora, la podredumbre de las cúpulas permeó en todas las capas de la institución, de tal modo que deben proseguir las indagatorias hasta sacar a la luz toda la corrupción que existió y los remanentes que persistan enquistados en el instituto. El saneamiento ha de ser integral y responder al doble imperativo de llevar ante la justicia a los responsables y poner en pie a esta red de protección social que tiene en sus manos la salud de 14 millones de mexicanos.
