El embajador de Guatemala en México, Marco Tulio Chicas Sosa, informó ayer que su gobierno negocia con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador la reparación del daño para los deudos de 19 guatemaltecos que murieron en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y para nueve más que sobrevivieron y permanecen hospitalizados.

En tanto, organizaciones denunciaron que en esa ciudad fronteriza prácticamente nada ha cambiado después de los hechos del 27 de marzo pasado, ya que la seguridad de los migrantes sigue sin ser garantizada. Blanca Navarrete, de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), sostuvo que ha habido un aumento en secuestros y detenciones arbitrarias contra esta población en contexto de movilidad, así como agresiones, estas últimas de forma particular hacia venezolanos.

En entrevista, después de la sesión solemne con que se conmemoró el 175 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Guatemala, el embajador Chicas Sosa reconoció la disposición y solidaridad del gobierno mexicano para trasladar los restos de las 19 víctimas guatemaltecas a sus comunidades de origen, la recuperación de los indocumentados heridos, que el proceso de justicia avance y el que más le interesa a su país, el de la reparación del daño. Sobre este último punto no precisó en qué consistirá. Es un tema que está en proceso y ahí rogaría que esperemos.

Aparte, en un conversatorio virtual sobre la tragedia en Ciudad Juárez, donde murieron un total de 40 personas, Navarrete expuso que los secuestros de migrantes en esa zona fronteriza –donde se ubica DHIA– están vinculados al tráfico de personas.

Los datos proporcionados por las autoridades indican casos de personas rescatadas en distintas casas de seguridad, y en algunos de éstos mujeres han denunciado también violencia sexual, dijo.

Sobre los incidentes contra venezolanos, resaltó que a raíz de que las autoridades han señalado a un joven originario de Venezuela de haber iniciado el incendio en la estancia del INM, ha habido agresiones contra esta población, ya sea por parte del crimen organizado o de fuerzas de seguridad pública.

Ejemplificó con el caso de dos jóvenes venezolanos que hace un par de semanas fueron agredidos por mexicanos. De acuerdo con la versión que dio la Secretaría de Seguridad Pública municipal, estos muchachos habían intentado robar a un adulto mayor, pero al paso de los días la fiscalía los puso en libertad porque, efectivamente, no había elementos de prueba para sustentar la acusación, declaró Navarrete.

A su vez, Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia, informó que organizaciones solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incendio en la estancia migratoria.

Por su parte, en un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la creación del Sistema de Seguimiento sobre las condiciones en las que se encuentran las estaciones y estancias migratorias del país, el cual entrará en operaciones el próximo mes.