El Senado mantiene congelada desde febrero de 2022 una reforma que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad para prohibir el uso de plaguicidas altamente peligrosos en el campo mexicano y la pregunta es ¿por qué la obstaculizan, qué intereses hay?, expuso Eduardo Murat Hinojosa (PRI), promotor de la iniciativa.

Estos plaguicidas ya no se venden en otros países y los daños por su uso los veremos cuando sea muy tarde. Estamos hipotecando y claudicando el futuro de la agricultura, de la salud, por decisiones de corto plazo, que no toman en consideración los efectos de los plaguicidas, explicó el diputado en entrevista.

Resaltó que si el Congreso no actúa pronto, el medio ambiente se deteriorará cada vez más y de manera acelerada.

En México, la venta de plaguicidas se concentra en las empresas BASF, Bayer, Corteva, FMC y Syngenta y en el Convenio de Rótterdam de 1998, al cual se adhirió el Estado mexicano el 4 de mayo de 2005, se facilita el intercambio de información sobre productos químicos prohibidos o rigurosamente restringidos.

Murat Hinojosa recordó que el anexo III de dicho convenio enlista los 50 productos químicos prohibidos o severamente restringidos, mientras que el Convenio de Estocolmo originalmente enlistaba 12 contaminantes orgánicos persistentes como causantes de efectos adversos en la salud humana, de los cuales nueve son del grupo de pesticidas: aldrina, clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex y toxafeno.

Actualmente, la lista se ha incrementado a 33 compuestos, de los cuales 17 son plaguicidas y México sólo se ha adherido a ocho.

Dijo que la minuta se envió a la Comisión de Agricultura, que preside Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (Morena), quien presentó otra iniciativa, donde propone una evaluación de riesgo para determinar la sustitución progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos.

Esta propuesta, indicó, se contrapone al principio precautorio incluido en la reforma de 2022, para que, cuando exista un peligro de daño grave o irreversible al ambiente, los ecosistemas o sus elementos, se adopten las medidas necesarias para su protección.

En la comisión, la senadora y un grupo de legisladores tratan de detener la reforma, suprimir el principio precautorio y no considera obligatoria la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente, sostuvo.

Refirió que en el Senado también se presentó otra iniciativa, de Ana Lilia Rivera (Morena), que prohíbe el uso de plaguicidas altamente peligrosos, pero de manera progresiva, no pone plazos y le quita dientes a la minuta de la Cámara de Diputados.