l representante de las familias defraudadas por la venta de inmuebles irregulares en el complejo City Towers Green & Black, Rodrigo Muñoz Dromundo, aseguró que ya tienen identificados más de 14 departamentos dentro del desarrollo que son propiedad de integrantes del Partido Acción Nacional (PAN). Entre los implicados nombra al actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina; a Federico Chávez Semerena, quien sustituyó a Christian von Roehrich como diputado en el Congreso local y quien se desempeñó como su secretario particular en la jefatura delegacional; a los hermanos Luis y Víctor Mendoza –el primero aspira a gobernar la demarcación y el segundo se encuentra prófugo de la justicia–, así como a Raúl Torres, actual diputado migrante. El abogado asegura que saldrán a la luz más nombres, pues toda la plana del PAN en la alcaldía está coludida hasta las manitas.

Desde fuera del gigantesco desarrollo inmobiliario, vecinos agrupados en el Movimiento de Unidad y Encuentro Vecinal (Mueve) denuncian que City Towers no sólo ha impactado de manera negativa en materia de movilidad, agua y servicios, los cuales se han encarecido, sino que se apropió de una calle: donde antes existía una vialidad pública, ahora hay un estacionamiento privado. Desde 2016 se reclamó a las autoridades por esta apropiación ilegal, pero nunca ofrecieron un sustento para esta privatización ilegal. Por ello, consideran al complejo un claro ejemplo del Cártel Inmobiliario, donde las autoridades capitalinas deben ampliar sus investigaciones a funcionarios, jueces y notarios. Subrayan que la práctica de convertir vialidades en extensiones de proyectos privados se observa en otros puntos, como en la calle Las Flores de la colonia Santa Cruz Atoyac (misma en la que se ubica City Towers), convertida en estacionamiento del hotel Holiday Inn.

Conforme se presentan nuevos datos sobre las actividades del cártel inmobiliario creado por los funcionarios panistas en su bastión electoral, más inquietud genera el alcance de la corrupción y la falta de escrúpulos de estos personajes. En primera instancia, porque todavía no se conoce cuántas personas viven con su patrimonio en un limbo jurídico ante la imposibilidad de escriturar o vender un inmueble que viola las normas de construcción, como ocurre con todos los departamentos levantados en niveles por encima de lo permitido. Además, al propiciar un auge inmobiliario motivado por la codicia y no por un plan de desarrollo diseñado para mejorar las condiciones de vida de la población, se exacerban problemas como los mencionados, en particular, la aguda falta de agua que se resiente cada vez más en la ciudad.

Mientras estos problemas son evidentes, la principal amenaza permanece invisible: que, en su afán de lucrar con nuevas edificaciones, estos funcionarios hayan relajado tanto la observación de los reglamentos como para permitir el levantamiento y comercialización de inmuebles que ponen en peligro las vidas de sus habitantes. Al derribar o dañar edificios construidos pocos años atrás, el sismo del 19 de septiembre de 2017 ofreció un trágico recordatorio de las consecuencias de descuidar los máximos estándares de seguridad en una urbe periódicamente afectada por movimientos telúricos de gran magnitud.

Combatir la corrupción y la impunidad del cártel inmobiliario es un imperativo no sólo desde el punto de vista de la justicia, sino también de la protección civil y la prevención de desastres. Cabe esperar que las autoridades tomen todas las medidas legales a su alcance para desmantelar este esquema mafioso y garantizar la integridad física y patrimonial de los capitalinos.